Extorsión, el delito que México ya no puede normalizar.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X:@jsierraalvarez

La extorsión es el delito que termina alterando la manera en que una sociedad vive, trabaja e invierte. Cuando un comerciante recibe una llamada para exigirle dinero, cuando un empresario debe pagar para mantener abierto su negocio o cuando una familia modifica sus actividades por temor a ser víctima, el daño trasciende el hecho delictivo. Se deteriora la libertad con la que las personas pueden desarrollar su vida y su actividad económica.

Los datos del primer semestre de 2026 obligan a mirar esta realidad con seriedad. Entre enero y junio se registraron 6 mil 562 víctimas de extorsión, 551 más que en el mismo periodo de 2025. Es la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años y representa un incremento de 9.17%.

La dimensión real es mayor. De acuerdo con el INEGI, 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni llega a los registros oficiales. Esto significa que detrás de las cifras conocidas existe una realidad mucho más amplia, alimentada también por el silencio de quienes prefieren no denunciar ante la falta de confianza en las instituciones o por temor a represalias.

La extorsión sigue siendo el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios y ciudadanos en nuestro país. Es el delito que mata a las mipymes. Cada llamada, amenaza o exigencia de pago representa una forma de violencia que limita la libertad, afecta el patrimonio y condiciona decisiones que deberían tomarse con plena tranquilidad.

La extorsión además está cambiando. Siete de cada diez casos en el semestre fueron cometidos a distancia, mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales. La tecnología, que debería ampliar oportunidades y facilitar la actividad económica, también está siendo utilizada por los delincuentes para encontrar nuevas formas de intimidar y obtener recursos.

Asimismo, 19 entidades registraron incrementos durante el primer semestre y 12 alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años. Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco presentaron algunos de los mayores aumentos porcentuales. En municipios como Cuautla, Morelos, la tasa alcanza niveles particularmente elevados.

Por eso desarrollamos el Índice de Extorsión Coparmex precisamente para entender mejor este fenómeno. Combinar la incidencia registrada, la cifra oculta y la percepción de inseguridad permite observar una realidad que las estadísticas de denuncia, por sí solas, pueden ocultar. El índice muestra que 14 entidades se encuentran por encima del promedio nacional de 49.7%.

Estos datos deben servir para tomar decisiones. México cuenta con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El reto está en llevarla plenamente a la práctica.

La seguridad de las personas y la continuidad de las empresas requieren instituciones con capacidades suficientes para investigar y sancionar este delito. Es indispensable concluir la homologación de las legislaciones locales, garantizar recursos para las unidades especializadas de las fiscalías y establecer mecanismos que permitan verificar su operación. También debe cumplirse lo establecido para impedir las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios mediante la instalación de inhibidores.

Desde nuestros centros empresariales daremos seguimiento a la implementación de estas medidas. El sector empresarial puede aportar información, identificar obstáculos y acompañar la evaluación de los resultados.

La seguridad requiere instituciones coordinadas y una sociedad capaz de participar en su construcción. México ha logrado reducciones importantes en otros delitos durante este primer semestre. La extorsión representa una excepción que merece atención inmediata. Su crecimiento demuestra que las capacidades institucionales deben concentrarse también en las nuevas modalidades con las que opera este delito.

No podemos acostumbrarnos a que extorsionar sea una práctica cotidiana para miles de personas. Tampoco podemos permitir que el miedo determine dónde abrir un negocio, cuánto invertir o si vale la pena permanecer en una comunidad.

México necesita recuperar espacios para trabajar, invertir y emprender con libertad.