La justicia como termómetro de la economía.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X:@jsierraalvarez

Existe una ilusión frecuente en el debate público: creer que las grandes reformas estructurales operan en el vacío, como meros ejercicios de diseño legal que no rozan la vida cotidiana de las personas ni el pulso de la economía real. Nada más alejado de la realidad. 

A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la primera medición de nuestro Monitor Judicial en Data COPARMEX revela que la incertidumbre jurídica ha dejado de ser una inquietud jurídica para convertirse en el costo de operación más pesado que enfrentan las empresas en México.

Los datos, construidos con la voz directa de 3 mil 721 empresas afiliadas a nuestros 71 Centros Empresariales, son categóricos. Siete de cada diez negocios reportan impactos negativos directos en sus decisiones de inversión o expansión a raíz de la Reforma Judicial, mientras que apenas un escaso 3.6% percibe algún beneficio. La parálisis se traduce en conductas concretas: cuatro de cada diez empresas actúan hoy con extrema cautela y tres de cada diez ya redujeron o pospusieron proyectos definitivos.

Sin embargo, otro de los mayores impactos se encuentra en la forma en que las empresas anticipan y previenen riesgos.

El 80.8% de las empresas, ocho de cada diez, ya modificó o evalúa modificar su estrategia jurídica mediante nuevos contratos, mecanismos alternativos de arbitraje o mayores pólizas y blindajes. 

Aunado a ello, cuando el 55.9% de los empresarios percibe una merma clara en la protección de su propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al amparo, la consecuencia es que los recursos que deberían destinarse a innovación, tecnología, expansión o mejores salarios se desvían a mitigar la incertidumbre.

Para poner este debate en una justa perspectiva, debemos recordar de dónde venimos. El sistema judicial anterior arrastraba problemas estructurales profundos que exigían una corrección de fondo. El propio Órgano de Administración Judicial documentó en su momento que más de 210 mil asuntos federales, el 62.7% del total reportado como integrado y susceptible de resolución, acumulaban más de 90 días sin sentencia. 

Sin embargo, tras una innovación constitucional de esta magnitud, la discusión ya no puede ni debe concentrarse únicamente en quiénes integran los tribunales o en el método de su elección. 

El verdadero criterio de éxito de cualquier sistema de justicia es su funcionalidad operativa. ¿Se redujo el rezago? ¿Los tribunales emiten resoluciones oportunas? ¿Hay mayor certeza para el ciudadano y para quien arriesga su capital? Menos expedientes acumulados en el polvo de la burocracia y mayor predictibilidad en los criterios jurídicos deben convertirse en los parámetros objetivos para medir esta nueva etapa.

Desde COPARMEX hemos sostenido que México necesita un sistema de justicia eficaz, imparcial y profesional, que garantice contrapesos efectivos y preserve el Estado de derecho. La certidumbre es el cimiento indispensable sin el cual la inversión se retrae, el empleo formal frena su paso y el desarrollo social se estanca.

Por ello, es momento de pasar de la discusión sobre el diseño a una evaluación permanente de los resultados. Proponemos abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, basada en indicadores claros de tiempos de resolución y protección de derechos. Ninguna empresa debería verse obligada a sobredimensionar sus costos legales para confiar en las instituciones de su propio país.

La certeza jurídica es la divisa más valiosa para atraer confianza y arraigar la inversión.