En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la eliminación del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estímulo que se otorgaba al diésel pesquero y a la gasolina ribereña, para así incentivar la pesca formal.
La existencia de la pesca ilegal ha ocasionado una fuerte caída de los volúmenes de recursos pesqueros, debido a la falta de una administración y vigilancia adecuada de los mismos por parte del Estado.
Ello ocasiona que los volúmenes de captura de las embarcaciones pesqueras no sean suficientes para generar los ingresos necesarios para cubirir la adquisición de los insumos que se requieren para dicha actividad, entre ellos -el más relevante-, el diésel marino, que representa el 70 por ciento de la estructura de costos.
Aunado a esto, las pesqueras mexicanas se enfrentan a presiones de precios al competir a nivel internacional, ya que el costo del diésel mexicano es casi 3 veces mayor al que se enfrentan las embarcaciones estadounidenses.
En suma, dicho estímulo era la única medida restante para dotar de rentabilidad y competitividad a las empresas pesqueras ante la pesca ilegal y para poder participar en mercados internacionales. No obstante, la eliminación del mismo se da en el contexto de una reducción del presupuesto dedicado a la administración y vigilancia de la pesca en México.
El presupuesto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) se redujo en más del 35 por ciento en este 2020, con respecto al año pasado. Preocupa especialmente que desapareció el programa de Inspección, Vigilancia y Modernización.
La eliminación del estimulo fiscal al IEPS atenta directamente en contra de la operación de las embarcaciones pesqueras y al empleo que ellas generan. De hecho, los tripulantes-pescadores son socios en participación de las embarcaciones, lo que les permite obtener el 25 por ciento de los ingresos brutos.
Más aún, el programa con el que cuenta actualmente el Gobierno Federal para apoyar a los pescadores es insuficiente ya que consiste en una transferencia anual de 7 mil 200 pesos por pescador. Por su parte, los tripulantes-pescadores de las embarcaciones ganan, en promedio, 5 veces más que ese monto al mes.
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), esta medida es sin duda un retroceso que va en detrimento de las empresas pesqueras formales, mismas que generan oportunidades de empleo y que operan bajo las normas de vigilancia y protección de los recursos naturales. Hacemos un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar las afectaciones que esta medida y los recortes presupuestales tienen en contra de la pesca formal y de la sustentabilidad de los recursos pesqueros del País.
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