Mejora regulatoria, herramienta para fortalecer a las MIPyMES.

De ese porcentaje, el 71% de empresas encuestadas son “micros y pequeñas empresas #MiPEs” que han dicho experimentar esta problemática al querer tener cumplimiento normativo para el desarrollo de sus actividades y vocaciones empresariales.

Recordemos que las #MiPEs tienen hasta 50 colaboradores, por lo que la inversión que deben hacer para la atención de los marcos regulatorios y cumplimiento normativo es mayor, comparado con las medianas y grandes empresas, que tienen departamentos y/o capital humano focalizado en atender estos trámites; además de que son piedra angular en el desarrollo económico del país, pues representan el 99% de las unidades económicas que generan empleos y atraen inversión.

Lo anterior nos motiva a analizar cuáles son los principales problemas, entre los que se encuentran temas como requisitos excesivos, falta de claridad, horarios restringidos, costos excesivos, problemas de atención en ventanilla, información incorrecta o contradictoria, así como contradicción con otras normas, entre otros.

Estos problemas expresados impactan al cumplimiento de trámites, como impuestos, servicios públicos, trabajo y empleo, inversión, propiedad y comercio exterior. Esto da como resultado que las #MiPEs tengan informalidad dentro de la formalidad, además de incentivar la corrupción ante la falta de mecanismos que les permitan tener transparencia, trazabilidad, confianza y certidumbre jurídica en la realización de sus trámites.

La problemática se extiende a trámites en los tres niveles de gobierno: municipales, estatales y federales. La inversión en tiempo que dedican las empresas al mes para atender el marco regulatorio es, en promedio, de 37 horas para la microempresa (hasta 10 colaboradores) y de 74 horas para la pequeña empresa (11 a 50 colaboradores), lo que significa un gasto regulatorio alto para ellas.

Si sumamos la falta de capacitación en diversos temas de cumplimiento normativo y atención a marcos regulatorios, donde las #MiPEs puedan encontrar respuestas a la realización de trámites, sube significativamente su gasto regulatorio.

El trabajo en unidad de gobierno, academia y empresas es una convocatoria que debe estar vigente para fortalecer y estandarizar en los tres niveles de gobierno las políticas públicas y reglamentos de mejora regulatoria, con el objetivo de que se cumpla la simplificación de trámites, transparencia, trazabilidad, confianza y certidumbre jurídica que nos permita fortalecer la formalidad en las empresas y sea un incentivo para el desarrollo económico de nuestro país, vinculado a un desarrollo empresarial.

De acuerdo con el gobierno de México, la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

La vinculación de esta política pública con un gobierno digital en los tres niveles de gobierno motivará condiciones de cumplimiento y, como consecuencia, serán las bases para construir prosperidad a través de un desarrollo regulado de las diversas vocaciones empresariales de nuestro país, sin poner trabas, obstáculos, tardanza y/o malas prácticas para la expedición de trámites.

Apostemos por esta convocatoria de trabajo en unidad entre las partes interesadas para que sea una realidad la implementación de la mejora regulatoria y no quede sólo en buenas intenciones, con trabajos aislados que hacen municipios, estados e instituciones federales, donde sólo se estén digitalizando algunos cuantos controles y/o procesos parciales de los trámites gubernamentales que no atienden las problemáticas expresadas por el sector empresarial. #OpiniónCoparmex.