
Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X:@jsierraalvarez
La extorsión modifica la forma en que miles de personas toman decisiones todos los días. Cambia la manera en que un comerciante administra su negocio, obliga a un empresario a destinar recursos para protegerse y puede llevar a una familia a modificar sus hábitos por temor. Cuando un delito comienza a condicionar la vida cotidiana y las decisiones económicas, deja de ser únicamente un problema de seguridad y se convierte en un obstáculo para el desarrollo del país.
Los datos del primer semestre de 2026 obligan a poner atención. Entre enero y junio se registraron 6 mil 562 víctimas de extorsión, 551 más que en el mismo periodo de 2025. Es la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años y representa un incremento de 9.17%. Además, de acuerdo con el INEGI, 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni llega a los registros oficiales.
La extorsión sigue siendo el delito que tiene de rodillas a miles de Empresarios y ciudadanos en nuestro país. También es un delito que mata a las MiPyMEs, porque eleva sus costos, limita su crecimiento y, en muchos casos, termina por desaparecerlas.
Los registros muestran que el fenómeno se extiende por distintas regiones. Diecinueve entidades reportaron un incremento durante el primer semestre y doce alcanzaron su máximo histórico de víctimas para ese periodo en los últimos 11 años. Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco presentan algunos de los mayores aumentos. Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, Morelos, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México y Baja California Sur se encuentran entre las entidades con mayores registros.
En la Confederacion hemos desarrollado el Índice de Extorsión COPARMEX para observar el problema desde una perspectiva más amplia. El indicador incorpora la magnitud del delito, la cifra oculta y la percepción de inseguridad. Sus resultados muestran que 14 entidades se encuentran por encima del promedio nacional de 49.7%. Guerrero, Sinaloa y Michoacán mejoraron su posición en el ranking, mientras otras entidades registraron descensos.
México cuenta con una herramienta fundamental para enfrentar este delito: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El siguiente paso debe ser hacerla efectiva. Es indispensable concluir la homologación de las legislaciones locales, garantizar recursos suficientes para las unidades especializadas de las fiscalías y establecer mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las disposiciones.
También debemos atender el origen de muchas de estas llamadas. La Ley General contempla la instalación de inhibidores en los Centros Penitenciarios para impedir comunicaciones desde estos espacios.
Combatir la extorsión exige instituciones coordinadas, capacidades especializadas y una aplicación efectiva de la ley. Cada día que una persona trabaja bajo amenaza o un negocio opera bajo presión, se deteriora la confianza que necesita México para invertir, generar empleo y crecer.
La seguridad es una condición indispensable para ejercer plenamente las libertades y para que quienes emprenden puedan hacerlo con certeza. Por eso, la extorsión debe ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional. No podemos acostumbrarnos a que un delito determine dónde abrir un negocio, cuánto invertir o cuándo cerrar una cortina.



