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La urgencia del Sistema Nacional Anticorrupción

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La urgencia del Sistema Nacional Anticorrupción

Amigos de COPARMEX,

Pese a la exigencia de la sociedad para que en un periodo extraordinario se aprueben las leyes que permitan ir a fondo en el combate a la inseguridad, la corrupción y la impunidad, los problemas que más preocupan a los mexicanos, vemos con gran decepción que los legisladores ignoran el sentido de urgencia de los ciudadanos y alargan indefinidamente las discusiones, evadiendo las decisiones incómodas, que no reditúan políticamente.

Estamos a 57 días de la fecha límite para que esté listo y en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción completo, como quedó establecido en los transitorios de la Ley que lo creó.

Sabemos que la alta responsabilidad del Congreso no permite llevar a cabo procesos al vapor, sin el cuidado y la atención requeridas, pero es inadmisible la intención de sujetar a los tiempos y resultados de las elecciones del próximo 4 de junio el proceso legislativo del cambio estructural que nos dará las herramientas para un combate eficaz a la corrupción y la impunidad.

Hoy sigue en el limbo el proceso para conformar las instituciones que son pieza fundamental para el combate eficaz a la corrupción, la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Hace falta, además, que el Congreso apruebe otras leyes secundarias complementarias para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción: la Ley de Adquisiciones del Sector Público, así como la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.

También está en suspenso la aprobación de la Ley General de Archivos, indispensable para asegurar el resguardo eficaz de la información, factor indispensable para construir un sistema robusto de transparencia y anticorrupción.

Asimismo, está en el aire la ratificación de los 18 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa propuestos por el Ejecutivo, entre cuyas funciones estará juzgar las responsabilidades administrativas graves cometidas por servidores públicos y particulares, así como fijar las sanciones y reparaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten al patrimonio público.

Por ello, este lunes 8 de mayo junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil estamos solicitando al Senado que el proceso de ratificación de los Magistrados Anticorrupción se abra al escrutinio y participación social, bajo el esquema de Parlamento Abierto.

Para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente, los Magistrados deben ser figuras verdaderamente autónomas, independientes, imparciales, ajenas a cualquier conflicto de interés, e implacables contra los actos relacionados con sanciones administrativas y corrupción.

Otra parte sustancial del combate a la corrupción está en el ámbito subregional, en los estados y municipios donde prevalecen amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, por falta de contrapesos, controles y rendición de cuentas.

Es ahí, en muchos estados donde hay resistencias para aprobar las leyes de los sistemas locales anticorrupción. Sólo siete entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca y Puebla, tienen la base legal necesaria para desarrollar sus Sistemas Locales Anticorrupción.

Por ello, durante los meses de mayo y junio redoblaremos los esfuerzos en los Centros Empresariales de todo el país  para impulsar las discusiones en los congresos locales donde todavía no se ha legislado, así como la participación en los procesos de nombramientos para constituir en tiempo y forma los Sistemas Locales Anticorrupción.

Con respecto de las designaciones pendientes en materia anticorrupción, existen experiencias exitosas a través de procesos de selección claros, transparentes y con mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, como la elección de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Es evidente que los legisladores tienen la responsabilidad de convocar a un periodo extraordinario para atender estos y otros temas que no pueden esperar, como lo relacionado a seguridad pública que, particularmente en semanas recientes, se ha agudizado de manera significativa.

Les exigimos que dejen a los candidatos y a sus partidos el tema electoral, su responsabilidad está en representar y legislar los grandes temas que aún retan a México.

A los ejecutivos estatales les demandamos voluntad política para publicar los decretos aprobados en los Congresos para conformar los Sistemas Anticorrupción Locales y otorgar así real autonomía a las entidades estatales de fiscalización, como son las contralorías, auditorías y órganos internos de control.

El combate a la corrupción y la impunidad no es tarea de un gobierno o del Congreso. Es un esfuerzo de la Nación en su conjunto, de una sociedad que exige una transformación profunda y sustentable de la vida pública de México­.

 

Muchas gracias

 

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