Artículo de opinión escrito por José Medina Mora, Presidente Nacional de Coparmex | Vía: @Excelsior
Después de las elecciones del 2 de junio, ya tenemos un Congreso de la Unión electo que tomará protesta el 1 de septiembre de 2024.
Esa nueva legislatura tendrá múltiples retos para cumplir con su labor de representación popular y legislar con diálogo, apertura y contrapeso. Y precisamente en la esencial labor de contrapeso ya está presente un reto inicial para la legislatura, pues la intención de reformar al Poder Judicial en cuanto tome protesta y antes de que concluya el actual gobierno federal (el 30 de septiembre) implica múltiples riesgos de retroceso democrático, que el Congreso tiene la responsabilidad de detener.
En Coparmex sabemos que nuestra democracia tiene múltiples áreas de mejora y necesitamos seguir fortaleciendo nuestras instituciones, y el Poder Judicial no es la excepción, necesita consolidar su servicio civil de carrera, evitar cooptación de cargos públicos, ser cada vez más cercano a la ciudadanía, entre otros aspectos.
Sin embargo, consideramos que para lograr las mejoras esperadas, se debe partir del diálogo y diagnósticos puntuales entre todos los sectores, y que no se puede reformar toda una estructura institucional construida durante años, sin evidencia y en fast track.
Una de las principales intenciones de la reforma que busca aprobar el Presidente actual es que los jueces, magistrados y ministros se elijan por voto popular, cuando ellos pasan por un proceso de evaluación profesional porque se requiere un perfil específico para ocupar esos cargos. Cabe mencionar que ningún país miembro de la OCDE tiene un esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros, y que encuestas encabezadas por el partido en el poder, sin respaldo metodológico, no pueden ser la base de la decisión.
Incluso, actualmente está en implementación la reforma aprobada en 2021 que busca avanzar en que todas las personas tengan acceso pleno a la justicia y se erradique cualquier práctica de corrupción e impunidad, pero dicha reforma requiere tiempo y voluntad para implementarse, antes de cualquier otro cambio.
El aprobar una reforma al Poder Judicial sin el diagnóstico requerido podría afectar de forma irreparable la confianza para invertir en México, pues a nivel internacional ya se están mostrando reacciones de que una reforma de ese tipo le restaría independencia al Poder Judicial y debilitaría el Estado de derecho. Además, el momento económico y fiscal por el que pasa México requiere total mesura por parte de las autoridades para que una decisión política no impacte toda la estructura institucional y económica que ha costado años cimentar.
La democracia mexicana nos ha costado años, el contrapeso entre Poderes es fundamental, y el Poder Judicial ha demostrado que es contrapeso de los otros y que se apega al cumplimiento de nuestros principios constitucionales, esas son señales positivas para una democracia, y en Coparmex creemos que debemos seguir en ese camino, sin dar ningún paso hacia atrás.
Hacemos un llamado a la nueva legislatura en el Congreso de la Unión a garantizar el diálogo y la apertura, así como hacer una revisión exhaustiva de las implicaciones de una reforma al Poder Judicial, antes de tomar alguna decisión apresurada. Por el futuro del país, fortalezcamos la democracia, no la debilitemos.