
Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía:@laprensaoem
La seguridad pública, más allá de las estadísticas frías, se vive y se padece en la percepción diaria de cada ciudadano. Es un termómetro que mide la confianza y el estado de ánimo.
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, nos arrojan una lectura preocupante. La percepción de inseguridad ha retomado una senda ascendente que no podemos ignorar.
En junio de 2025, el 63.2% de las personas adultas consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Esta cifra representa un incremento de 4.6 puntos porcentuales desde el tercer trimestre de 2024, cuando la percepción de inseguridad tocó su punto más bajo con un 58.8%.
Esta tendencia al alza no es homogénea, y en esa disparidad radica una clave tanto para el análisis como para el diseño de soluciones eficaces. Si bien el promedio nacional aumenta, la ENSU nos muestra contrastes interesantes. Ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Colima o Coatzacoalcos lograron reducciones significativas en la percepción de inseguridad, aunque se mantienen arriba del promedio nacional.
Sin embargo, en otras áreas urbanas, el aumento ha sido drástico y concentrado. Culiacán destaca con un aumento de 35.1 puntos porcentuales entre septiembre de 2024 y junio de 2025, Mazatlán 24.5, Campeche 23.0, Cd. Obregón 22.6 y Mérida un 17.3. Aunque Mérida aún se mantiene por debajo del promedio nacional con un 41.9% de percepción de inseguridad, la velocidad del deterioro en estas ciudades es una alerta roja.
Como he señalado en otras ocasiones, la percepción de seguridad no es solamente una opinión; está profundamente influenciada por nuestras experiencias personales, las noticias y el entorno social, y a mediano y largo plazo, tiende a alinearse con la realidad.
Cuando el 72.2% de la población se siente insegura en cajeros automáticos en la vía pública, el 65.0% en el transporte público, y el 63.7% en la calle, estamos hablando de espacios escenciales para la vida cotidiana y la economía local.
Para el mundo del trabajo, empresarios, trabajadores y sus familias, este repunte de la percepción puede generar un costo tangible y un freno al crecimiento.
La incertidumbre es enemiga de la inversión. Si el 32.5% de la población cree que la situación de seguridad no mejorará, y un 25.4% teme que empeore, es natural que se frene la expansión de negocios y la llegada de capital.
El “cobro de piso” y las extorsiones, que afectan severamente a sectores como el comercio y el transporte, actúan como un impuesto ilegal que distorsiona el mercado aumentan los costos, reducen la competitividad y obligan al cierre de negocios formales. Cabe señalar que, en junio, las denuncias por extorsión alcanzaron un nuevo máximo histórico para un periodo de 12 meses.
El temor al delito modifica hábitos. Un 42.7% de la población evita llevar cosas de valor, un 42.4% restringe la salida de menores, y un 38.0% cambia sus rutinas nocturnas. Son decisiones defensivas que reducen la libertad y afectan la economía.
La solución a este problema complejo reside en estrategias basadas en evidencia territorial.
Las diferencias en la percepción exigen soluciones a la medida. En las ciudades con mayores incrementos, como Culiacán o Mazatlán, se necesitan planes de choque específicos que involucren un aumento de la inteligencia operativa y presencia policial focalizada. Esto debe ir de la mano de una comunicación efectiva que resalte los avances y fomente la denuncia.
Fortalecer el Estado de Derecho, simplificar la regulación y garantizar seguridad en corredores estratégicos se vuelve fundamental para reactivar el crecimiento y proteger la cohesión social.
La ENSU también nos muestra una brecha significativa respecto de las autoridades encargadas de la seguridad pública, mientras la Marina, Fuerza Aérea y el Ejército gozan de alta confianza, la policía estatal y municipal tienen un respaldo mucho menor. Es fundamental invertir en capacitación, equipamiento y, crucialmente, en la depuración y profesionalización de estas corporaciones de primer contacto. Una corporación municipal fuerte y confiable es la base para que el ciudadano se sienta seguro y denuncie.
La seguridad pública es un bien público y una condición indispensable para el desarrollo económico y social. El repunte en la percepción de inseguridad nos llama a la acción. Es tiempo de que, aprovechando las recientes reformas aprobadas por el Congreso en materia de seguridad, el gobierno, en sus tres niveles, y el sector privado, trabajemos de la mano en un plan de seguridad crítico, propositivo y con un fuerte acento regional, que restaure la confianza y desactive este lastre al progreso de nuestro México.