¿Y las MiPyMEs saben cómo les afectan las reformas a la Ley de Amparo?

Artículo escrito por Mauricio Núñez Avendaño, Presidente del Comité Micros y Pequeñas Empresas de Coparmex | Vía:@elsolde_mexico

X: @maununez_mex

En México se discuten cambios profundos a la Ley de Amparo, un instrumento que durante décadas ha sido el último recurso de defensa para ciudadanos y empresas frente a actos de autoridad. Estos ajustes, aunque parecen técnicos y lejanos para la mayoría de las personas, tienen un impacto directo en la vida económica del país, especialmente en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la posibilidad de que, en materia fiscal y administrativa, se congelen cuentas bancarias, se cancelen sellos digitales o se impongan sanciones sin que exista un control judicial inmediato. Esto significa que, ante un acto de autoridad, las empresas podrían ver interrumpidas sus operaciones de un día para otro, sin tener la opción de defenderse en el corto plazo.

Hasta ahora, el amparo ha sido la herramienta que ha permitido a muchas organizaciones —grandes, pequeñas y micro— mantener la continuidad de sus operaciones mientras se revisa la legalidad de las decisiones gubernamentales.

Empresas señaladas por presuntos actos de corrupción o por diferencias fiscales han encontrado en esta figura la posibilidad de no detener su producción, pagar nóminas y cumplir compromisos con clientes mientras se resuelven sus procesos.

Pero la pregunta obligada es: ¿qué pasa con las MiPyMEs? La mayoría desconoce lo que significan estas reformas y, sin embargo, son ellas las más vulnerables. Una multinacional puede resistir meses de litigios, pero una pequeña empresa que vive al día, que depende de sus facturas electrónicas para cobrar y que tiene márgenes limitados, no sobrevive si de un día para otro se le cancelan los sellos digitales o se bloquean sus cuentas.

Estamos hablando de un universo de más de 4 millones de unidades económicas que representan más del 70% del empleo formal del país y que son motor de desarrollo social y económico. La falta de información y acompañamiento legal las coloca en riesgo de enfrentar sanciones o decisiones administrativas sin entender siquiera cómo defenderse.

Por eso, es urgente abrir el debate. ¿Cómo acercar esta información a las MiPyMEs para que sepan en qué las afectan estas reformas? ¿Qué mecanismos podemos generar desde cámaras empresariales, universidades y organismos intermedios para fortalecer la cultura legal y fiscal de los pequeños empresarios? ¿Cómo garantizar que, siendo las verdaderas protagonistas del empleo y la productividad en México, tengan un asiento en las mesas de diálogo donde se definen reglas que pueden poner en riesgo su supervivencia?

El fortalecimiento de la formalidad pasa también por dotar a las MiPyMEs de herramientas legales que les permitan competir en igualdad de condiciones. Si la Ley de Amparo deja de ser un recurso de equilibrio entre autoridad y empresa, necesitamos nuevas alternativas de defensa que no excluyan a los más pequeños.

Hoy más que nunca, las MiPyMEs deben estar informadas, organizadas y representadas. La discusión sobre la Ley de Amparo no es un tema exclusivo de juristas o grandes corporativos: es un tema de supervivencia para miles de negocios que sostienen familias, comunidades y regiones enteras.

La invitación es focalizar en que las MiPyMEs estén informadas, sean convocadas y tengan voz; que se involucren en el debate y exijan ser escuchadas. Porque una reforma legal que no toma en cuenta a quienes generan la mayoría del empleo en México corre el riesgo de debilitarlas y de sumar muchos más retos a los que ya enfrentan hoy los dueños de micro y pequeñas empresas.