
Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior
Con gran éxito se celebró el Foro de Seguridad Coparmex 2025, espacio plural que reunió a legisladores, autoridades, empresarios y especialistas de México y del extranjero para analizar los desafíos en materia de seguridad. El encuentro permitió compartir diagnósticos, estrategias y experiencias orientadas a fortalecer la convivencia pacífica y crear condiciones propicias para la inversión y el desarrollo.
Las senadoras Juanita Guerra Mena y Lucía Trasviña Waldenrath destacaron el papel del Poder Legislativo en la construcción de un marco jurídico capaz de responder a la realidad criminal. Subrayaron que la estrategia nacional debe basarse en inteligencia, profesionalización y coordinación entre los tres niveles de gobierno. En este marco se resaltó la reforma constitucional sobre extorsión, una de las más trascendentes en años recientes, que amplía su tipificación, reconoce sus múltiples modalidades y protege a víctimas y empresarios.
Tuve el honor de moderar el panel sobre la colaboración entre seguridad privada y pública, centrado en un sector que agrupa más de seis mil empresas y genera cerca de ochocientos mil empleos.
Detrás de cada guardia existe un ecosistema que articula a expertos en monitoreo, blindaje, tecnología, protección corporativa, aseguradoras y gestión de riesgos. Esta red opera en silencio, pero es esencial para la continuidad empresarial y la tranquilidad de millones de familias.
Salvador Guerrero Chiprés, ex presidente del Consejo Ciudadano y coordinador del C5 capitalino, señaló que fortalecer las alianzas entre autoridades y empresas mejora la seguridad urbana y reduce los tiempos de respuesta.
Darío Preza, director de comunicación de GEMARC, subrayó que la comunicación directa entre directores de seguridad corporativa, autoridades y empresas privadas permite prevenir delitos y proteger inversiones. Desde la autoridad reguladora se afirmó que la profesionalización y una regulación homogénea generan certidumbre, combaten la competencia desleal y elevan la calidad del servicio.
Las experiencias compartidas confirmaron que la colaboración público-privada es clave para una seguridad sostenible. En el plano internacional, representantes de Chile, Italia, Brasil y Colombia presentaron modelos que combinan inteligencia basada en datos, profesionalización policial y participación ciudadana. En todos los casos se repitió una constante: la confianza se construye con información verificable, coordinación institucional y tecnología con propósito ético. A nivel local se expusieron casos como Coahuila, Uruapan y Atizapán de Zaragoza, donde la cercanía con la ciudadanía y el patrullaje focalizado han reducido la incidencia delictiva.
Aunque algunos delitos muestran una tendencia descendente, la inseguridad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la inversión. En 2024, el 29 % de los hogares registró al menos una víctima, la cifra oculta supera el 93 % y la extorsión alcanza niveles máximos. La ENVIPE señala a la inseguridad como la principal preocupación de los mexicanos.
Este diagnóstico exige fortalecer la inteligencia operativa y la transparencia en el uso de los recursos públicos, para que lleguen con eficacia a las policías municipales y estatales, primera línea de contacto con la ciudadanía. La coordinación intergubernamental y el uso eficiente de la información son claves para reducir la extorsión, el narcomenudeo y los delitos que amenazan la continuidad empresarial.
La seguridad pública y la privada conforman una sola ecuación que exige ética, tecnología, colaboración y visión de largo plazo. La industria de la seguridad privada ha demostrado su capacidad para generar empleo formal, impulsar la profesionalización y contribuir a la estabilidad del país. Articulada con las autoridades bajo reglas claras y un marco de confianza, se convierte en un aliado estratégico del Estado para prevenir delitos y proteger el patrimonio de las personas.
La seguridad es condición indispensable para el desarrollo económico y la generación de empleo formal. La inversión productiva requiere certeza jurídica, estabilidad y entornos seguros. No hay crecimiento sostenible sin paz social ni competitividad sin Estado de Derecho.
El Foro de Seguridad Coparmex 2025 deja una enseñanza profunda. Se requiere cooperación efectiva, inteligencia y confianza entre autoridades, empresas y ciudadanía. Es una estrategia de competitividad y un compromiso compartido para construir un México más seguro, próspero y en paz.