
Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @laprensaoem X: @Armando_ZunigaS
El arranque de 2026 ofrece señales positivas en materia de seguridad. Los primeros datos del año confirman que la nueva estrategia nacional está dando resultados. Además, viene acompañada de un factor sobre el que hemos insistido durante meses, la efectiva cooperación con los Estados Unidos. Es una tendencia positiva que conviene reconocer. Después de años marcados por niveles muy altos de violencia e incertidumbre, cualquier avance medible merece atención. Pero también exige una lectura cuidadosa. El reto no es solo registrar una mejoría en las cifras agregadas, sino convertirla en una realidad perceptible en los territorios.
Disparidad territorial en la violencia
México no enfrenta el problema de manera uniforme. Hay indicadores nacionales que mejoran, pero la violencia se concentra en zonas muy específicas del país. Por eso el balance del inicio de año debe leerse en dos planos. El primero es general y muestra una evolución favorable en varios rubros. El segundo es territorial y recuerda que subsisten corredores donde la violencia, la presión criminal y la fragilidad institucional continúan definiendo la vida cotidiana, la operación de las empresas y las decisiones de inversión.
Reducción en delitos y mantenimiento de riesgos específicos
Los datos más recientes permiten ver una reducción importante en homicidios dolosos y en diversos delitos patrimoniales. También hay señales favorables en robos que golpean de manera constante a la actividad económica. Es una buena noticia. La seguridad pública necesita resultados y el país necesita reconocer cuando aparecen. Sin embargo, la experiencia mexicana obliga a evitar triunfalismos prematuros.
Mapa de violencia y necesidad de enfoque focalizado
No basta con evaluar la seguridad desde el promedio nacional. La verdadera prueba está en la capacidad para identificar y atender las zonas donde el problema se concentra.
En un ejercicio en el que identificamos los 50 municipios -de poblaciones de más de cincuenta mil habitantes- con las mayores tasas de homicidio doloso, observamos un mapa de corredores bastante definidos. Ahí aparecen amplias franjas de la costa del Pacífico, desde Oaxaca y Guerrero hasta Colima, Sinaloa, Sonora y Baja California. Se confirma un espacio definido por municipios de Guanajuato y Michoacán. Morelos sigue destacando por la densidad territorial del problema. Y se observa además una línea que conecta Sinaloa con el sur de Chihuahua y se extiende hacia Ciudad Juárez. Son territorios distintos, pero comparten un rasgo. En ellos la seguridad no puede abordarse con medidas genéricas. Requiere focalización, inteligencia, coordinación sostenida y capacidad real de intervención.
Impacto del problema de seguridad en el sector productivo
Para el sector productivo, esta lectura importa mucho. La gestión de riesgos no puede construirse con referencias nacionales abstractas. Requiere análisis municipal, evaluación de exposición por rutas, lectura de corredores logísticos y protocolos diferenciados según territorio y actividad. Cuando la violencia se concentra en puntos específicos, también se concentra ahí buena parte del costo económico de la inseguridad. Ese costo no se limita al delito consumado. Se acumula en cambios de ruta, gasto defensivo, primas de seguro, retrasos logísticos, cancelación de proyectos y pérdida de confianza.
Respuesta institucional ante episodios de violencia extraordinaria
A esto se suma un hecho que no debe minimizarse. En episodios de violencia extraordinaria como los ocurridos el domingo 22 de febrero, la seguridad deja de medirse solo por el número de delitos y empieza a evaluarse también por la capacidad del Estado para proteger a las personas y a los centros de trabajo, preservar la movilidad, mantener abierto el libre tránsito y evitar la parálisis de la actividad económica regional. En ese contexto, es justo reconocer la actuación de las Fuerzas Armadas, del secretario de Seguridad y del Gabinete de Seguridad, pues su respuesta confirma un cambio real en la estrategia, con mayor capacidad de coordinación, presencia operativa y reacción institucional frente a eventos de alta complejidad. Al mismo tiempo, corresponde expresar nuestras sinceras condolencias a las familias de los integrantes de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
Impacto social y económico de la inseguridad
Cuando se interrumpen carreteras, se alteran cadenas de suministro, se frenan comercios y se genera incertidumbre para trabajadores y empresas, el impacto rebasa lo policial y entra al terreno de la gobernabilidad y la certidumbre. Ahí se juega una parte importante de la confianza en las instituciones. En términos de comunicación, se exige un alto grado de responsabilidad de actores públicos y privados, así como de la colaboración y participación de la sociedad y sus organizaciones.
Reconocimiento y exigencia hacia la mejora en seguridad
Por eso el dato favorable del inicio de 2026 debe leerse con una mezcla de reconocimiento y exigencia. Reconocimiento porque hay señales de mejora que no deben ignorarse. Exigencia porque esas señales todavía conviven con territorios bajo presión y con delitos que conservan una alta capacidad de daño sobre la economía formal. El desafío de este año no es solo bajar indicadores. Es consolidar la mejoría, evitar rebotes y traducirla en seguridad efectiva para las personas, los centros de trabajo y las regiones donde hoy se define buena parte de la viabilidad económica del país.
Consolidación de la tendencia favorable
México necesita resultados que no se agoten en la estadística mensual. Necesita orden, legalidad y capacidad institucional en los territorios donde la violencia sigue imponiendo costos, frenando proyectos y condicionando decisiones. Si el país logra sostener la tendencia favorable en los índices delictivos y, al mismo tiempo, recuperar esos corredores críticos, 2026 podría empezar a reflejar un cambio de fondo.



