El verdadero riesgo para la empresa mexicana está en casa.

Artículo de Opinión escrito por: Jorge Luis Camacho Ortega, Presidente del Comité de Membresía, Afiliación y Participación de COPARMEX Nacional | Vía: @ElIndpendiente

Setecientos mil millones de pesos. Ese es el tamaño estimado del huachicol fiscal que permanece impune en México. A ello se suman una corrupción que representa más del 10% del PIB, un sistema judicial que ha dejado de ofrecer certeza jurídica y una negociación del T-MEC en la que Estados Unidos utiliza el comercio como herramienta de presión para avanzar en su agenda de seguridad, migración y combate al narcotráfico.

En ese contexto surgió el Plan México, cuya visión me parece acertada: fortalecer la producción nacional, atraer inversión y elevar el contenido regional de nuestras cadenas productivas. El problema no está en el diagnóstico ni en las intenciones, sino en los cimientos. Ningún plan económico alcanzará todo su potencial mientras el país no garantice Estado de Derecho, seguridad pública, energía y agua suficientes, infraestructura competitiva y un ambiente que premie —y no castigue— la inversión de largo plazo.

Los números hablan por sí solos. La economía crece por debajo del 1.2%, la inversión privada avanza con cautela y la presión regulatoria y fiscal no deja de aumentar. Para miles de micro y pequeñas empresas, cumplir se ha vuelto más costoso que crecer. ¿Qué incentivo tiene un pequeño empresario para permanecer en la formalidad cuando esta le cuesta más que operar en la informalidad? Cuando eso sucede, el problema deja de ser recaudatorio y se convierte en un problema de competitividad y, para muchos negocios, de supervivencia.

Ningún país ha construido desarrollo económico castigando a quienes generan empleo, invierten, innovan y pagan los impuestos que financian al propio Estado. Combatir la evasión fiscal es una obligación del gobierno, pero hacer de la formalidad un camino cada vez más costoso es un error de política pública que ya muestra sus consecuencias: empresas que migran a la informalidad y millones de personas sin incentivos para incorporarse a la economía formal.

A esto se suma un entorno internacional que volvió a endurecerse. La geopolítica dejó de ser una noticia lejana; hoy forma parte de la estructura de costos de cualquier empresa mexicana. Los energéticos, la logística y las cadenas de suministro responden cada vez más a decisiones políticas que a decisiones económicas, y eso no va a cambiar en el corto plazo.

El sector productivo seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: invertir, innovar, generar empleo y crear valor, siempre con la dignidad de la persona y el bien común como centro. Pero ninguna estrategia empresarial puede sustituir la responsabilidad del Estado de construir las condiciones para el desarrollo. La revisión del T-MEC representa una oportunidad extraordinaria para fortalecer la integración de Norteamérica y consolidar cadenas regionales de suministro; difícilmente la aprovecharemos si desde dentro seguimos debilitando la confianza que tanto tiempo toma construir y tan poco destruir.

México ha demostrado una enorme capacidad para superar crisis: lo hizo durante la pandemia, enfrentó la inflación global y hoy vuelve a adaptarse a un entorno cada vez más complejo. Sin embargo, la resiliencia de los mexicanos no puede convertirse en la política pública de nuestros gobiernos. La incertidumbre internacional llegó para quedarse y escapa a nuestro control; lo que sí depende de nosotros es eliminar los obstáculos que nosotros mismos hemos construido.

Por eso insisto: el mayor riesgo para la empresa mexicana no está en Washington. Está aquí, en casa, cada vez que la política pública deja de ser motor del desarrollo y se convierte en freno para la inversión, la productividad y la competitividad.

México necesita menos decisiones pensadas para la próxima elección y más decisiones orientadas a las próximas generaciones. Solo así dejaremos de administrar el potencial del país y comenzaremos, por fin, a desarrollarlo.