Proteger a las audiencias es preservar la libertad.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX  X: @jsierraalvarez

En una democracia, escuchar y disentir son actos inseparables de la libertad. Una sociedad que puede acceder a distintas voces, contrastar información y formar su propio criterio tiene mayores herramientas para participar en la vida pública y exigir cuentas a sus instituciones.

Por eso, hablar de los derechos de las audiencias exige preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir.

Las audiencias tienen derechos que deben ser reconocidos y protegidos. Tienen derecho a recibir información, a distinguir entre contenidos informativos y publicidad, a contar con mecanismos de atención y a ejercer su libertad de elección.

Los medios, al mismo tiempo, necesitan condiciones que les permitan ejercer su función con independencia y responsabilidad.

El debate adquiere especial relevancia ante cualquier propuesta regulatoria que otorgue a una autoridad facultades para determinar si un contenido es suficientemente veraz, está correctamente contextualizado o resulta aceptable desde una determinada perspectiva.

Cuando el Estado comienza a convertirse en árbitro de lo que puede decirse o de la manera en que debe presentarse una información, el riesgo deja de ser únicamente regulatorio.

Está en juego la libertad de expresión.

La mejor protección de las audiencias consiste en ofrecerles herramientas para que puedan comparar, cuestionar, elegir y construir su propia opinión. Una ciudadanía libre merece información plural y medios capaces de ejercer su autonomía editorial.

Por supuesto, esto requiere responsabilidad. La transparencia, los códigos de ética, las defensorías de las audiencias, la accesibilidad y la clara diferenciación entre información y publicidad son mecanismos que pueden fortalecer la relación entre los medios y quienes los escuchan, ven o leen.

El reto consiste en encontrar mecanismos que protejan esos derechos sin abrir la puerta a controles sobre los contenidos editoriales.

La experiencia democrática demuestra que la pluralidad se debilita cuando una sola autoridad adquiere la facultad de establecer qué interpretación es correcta. Las opiniones, por su propia naturaleza, no pueden someterse a un juicio oficial de veracidad.

Y cuando conceptos como “información falsa” o “información descontextualizada” carecen de definiciones precisas, objetivas y verificables, aparece un espacio de discrecionalidad que puede tener consecuencias profundas.

Para los medios, la incertidumbre regulatoria puede traducirse en autocensura. Ante la posibilidad de sanciones importantes por criterios subjetivos, una redacción puede optar por no investigar, no publicar o no abordar determinados asuntos.

El resultado sería una conversación pública más pequeña y con menos capacidad para cuestionar al poder.

Por eso la certeza jurídica también forma parte de esta discusión. Las reglas deben ser claras, previsibles y proporcionales. Cualquier procedimiento sancionador debe respetar el debido proceso, el derecho de audiencia y límites precisos establecidos en la ley.

Una autoridad reguladora debe garantizar derechos y procedimientos; su función no debe convertirse en la valoración cotidiana de los contenidos periodísticos.

En COPARMEX defendemos una premisa sencilla. Los ciudadanos tienen la capacidad de formar su propio criterio y una democracia debe confiar en ellos.

Ninguna autoridad puede sustituir el juicio libre de una sociedad democrática.

La libertad de expresión se fortalece con más voces, más pluralidad y mayor responsabilidad. Los derechos de las audiencias se fortalecen con mejores herramientas para elegir y exigir.

Proteger a las audiencias significa confiar en ellas. Defender la libertad de expresión significa preservar el espacio donde una sociedad puede cuestionar, contrastar y decidir.