I.-Planteamiento
Una de las razones fundamentales del triunfo del hoy Presidente, fue la reiterada oferta de conducir un gobierno caracterizado por la austeridad, la integridad y la transparencia.
Al cumplirse cuatro meses del inicio de la gestión del Gobierno Federal, encontramos que la transparencia, no ha sido el sello distintivo de la administración. Son visibles conductas, que de ser reiteradas, pondrán en entredicho la existencia de prácticas de integridad y comprometerán el combate a la corrupción.
Como parte de los famosos 100 compromisos que conforman el Plan de Gobierno, anunciados desde el momento mismo del acto solemne de toma de protesta, se estableció en el Compromiso #51 y en el Compromiso #52, que las compras del gobierno se harían de forma consolidada, y que los contratos de obra se llevarían a cabo mediante licitación pública; además, se ofertó que ambos procesos se harían con la observación de la ciudadanía y de Naciones Unidas.
Las asignaciones directas de proyectos de gran importancia, por su nivel de inversión pública e impacto en el país, como lo son: el Tren Maya y la Refinería en Dos Bocas, no están cumpliendo con estos compromisos, y se apartan de las prácticas básicas de transparencia y de rendición de cuentas.
Para el primer proyecto, se informó en días recientes que, se han otorgado por asignación directa a tres empresas distintas: el estudio de costo-beneficio, el contrato de asesoría jurídica, y el Plan Maestro.
En el caso de la Refinería, que tendrá un costo aproximado de entre 120 mil y 160 mil millones de pesos, se anunció que la licitación para su construcción será restringida a cuatro empresas internacionales, mismas que han sido señaladas en otros países, por estar involucradas en casos de corrupción y prácticas irregulares, como el pago de sobornos para conseguir contratos multimillonarios.
II.- Opacidad: Una realidad
De acuerdo con el portal oficial Compranet de los casi 30 mil contratos registrados con inicio de vigencia en 2019, el 74.4% de los mismos, es decir, 21 mil 758 se han otorgado de forma directa, sin licitación. Sólo en 5 mil 300 contratos, equivalentes a poco más del 18.1% del total, se han adjudicado a través de un proceso de licitación pública.
En el caso de contratos de obras públicas, con una inversión de 3,194 millones de pesos, casi la mitad de las asignaciones, se han otorgado sin licitaciones abiertas.
Estas prácticas, que se esperaba terminarían, se pueden encontrar también en Pemex. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de la administración, la empresa lleva adjudicados sin licitar al menos siete contratos por cerca de 2 mil 300 millones de dólares.
Es preocupante, porque para este año se planea la realización de 11,319 licitaciones, por un monto superior a 104 mil millones de pesos, casi la cuarta parte de los recursos destinados a la paraestatal para este año en el presupuesto de egresos.
En el caso de las compras públicas, tampoco se están realizando de acuerdo con lo que se comprometió el Presidente de la República.
Por mencionar un ejemplo, la compra, a inicios de este año, de casi 600 carros tanque para atender la crisis de combustible en el país, se realizó sin el acompañamiento de observadores ciudadanos, o de organismos internacionales. Se gastaron 85 millones de dólares sin licitación alguna.
Mientras que países como Honduras, Ghana, y Ucrania, posicionados por arriba de México en el Índice Global de Percepción de Corrupción 2018, están acompañándose por la ONU en sus licitaciones y compras públicas, en nuestro país nada indica una mejoría sobre los modelos de administraciones anteriores.
Desde el año pasado, el IMCO dio a conocer la lista de las dependencias con mayores riesgos a la hora de realizar contrataciones públicas, en esta lista destacaban dependencias como el ISSSTE, el IMSS, la SCT, mismas que representan el 96% de las licitaciones restringidas de obra pública en lo que va de este sexenio.
III.- Conclusión
Desde Coparmex, hacemos un llamado al Presidente de la República para no traicionar la oferta política que lo llevó al poder.
Debe promover con acciones, que se erradique de fondo, de una vez por todas, con la corrupción en el sector público. Necesitamos que las asignaciones directas, las invitaciones restringidas, y las compras sin convocatoria, sean casos verdaderamente excepcionales.
El Estado es el mayor demandante de bienes y servicios en la economía. Las licitaciones públicas y las compras consolidadas, deben contemplar estándares internacionales, iniciando con estudios de impacto integral y proyectos ejecutivos, así como ser transparentes, abiertas al escrutinio ciudadano y acompañadas por expertos nacionales e internacionales. Estas herramientas deben ser la norma que dirija las contrataciones en el sector público, pues son mecanismos que fortalecen la rendición de cuentas y abonan a la confianza ciudadana.
Resulta paradójico que, bajo el argumento de malas prácticas y presunción de corrupción, se haya abandonado el proyecto de infraestructura más importante que impulsó el sexenio previo, como lo fue el Nuevo Aeropuerto de México.
Ahora que el Gobierno Federal ha identificado como los grandes proyectos de este sexenio a la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que estas obras sean ejemplo de buenas prácticas en transparencia y rendición de cuentas, y que por el contrario, constituyan una muestra de la ausencia de voluntad y compromiso para instaurar, a partir del ejemplo, una nueva dinámica de integridad. No es coherente que, bajo el pretexto de la urgencia y las “circunstancias especiales”, el Gobierno Federal ejerza el gasto público con opacidad. Se ofreció un combate frontal contra la corrupción, un cambio radical en la forma de hacer las cosas.
El País está atento para comprobar que el Presidente no ha mentido, ni menos aún ha traicionado la palabra empeñada. Esperamos que en los hechos, sea su gobierno un ejemplo de transparencia. Aún está a tiempo.
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