La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), por conducto del Comité de Prevención de Lavado Dinero de la Comisión Fiscal Nacional, organizó el Foro Empresarial 2020: “Protege tu libertad, tu patrimonio y tu seguridad jurídica”, en el cual participaron de forma virtual casi 500 personas durante más de tres horas.
Inaugurado por Gustavo De Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, y moderado por Reginaldo M. Esquer Félix -quien preside la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal-, el objetivo del Foro Fiscal 2020 fue reflexionar y analizar hacia dónde estamos encaminados como país en materia de prevención de lavado de dinero y los efectos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
En el evento participó como ponente, Wendy G. Lora Pérez, presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe.
Lora Pérez recordó que en la recomendación 29 emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) menciona que, “Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis”.
La también titular de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), destacó que es muy grave que las UIF de cualquier país sean utilizadas de forma política, ya que de lo contrario, se desvirtúa y debilita a la institución. Por lo que señaló que las naciones deben contar con Unidades de Inteligencia Financiera que sean organismos técnicos e independientes.
Señaló que las UIF no deben ser querellantes, ni activar procesos legales. Tampoco pueden congelar fondos, ni instancias para aclaraciones, sólo tendrían que proporcionar informes de inteligencia. Asimismo, los titulares de las Unidades tendrían que ser fiscales de carrera, provenientes del servicio público, sin realizar alguna actividad ajena a los objetivos de la prevención del lavado de activos.
Otro de los ponentes fue Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en materia de prevención de lavado de dinero y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, insistió que la Constitución Mexicana quedó corta ante los estándares internacionales. Por eso, indicó, se está trabajando en el interior del Congreso para “reparar” la “ralentización” de esta figura. Además, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seguramente analizará de forma adecuada la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el máximo tribunal.
Lara Rivera afirmó que el lavado de dinero requiere un delito previo que genere recursos, y que en México se lavan hasta 50 mil millones de dólares, que provienen del narcotráfico, delitos fiscales, corrupción y otras conductas ilícitas, cantidad que podría ser mayor ante el incremento del trasiego de drogas, en especial del fentanilo.
Asimismo, el especialista habló durante su intervención del “Enfoque basado en riesgos”, como la manera de implementar una verdadera política de cumplimiento para evitar afectaciones de tipo económico y de responsabilidad penal. Habló de la importancia de la figura del beneficiario final y de las empresas fachada.
Por último, Marcela Mendoza Figueroa, Juan Antonio Barragán Cabral y María Rebeca Félix Ruiz, integrantes del Comité Interno de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Fiscal Nacional de la COPARMEX, dieron a conocer dos documentos elaborados por dicho comité de expertos en la materia, para que las MIPYMES tengan un marco de referencia que les oriente al cumplimiento y al apego estricto de las normas legales mencionadas en el foro; en el caso de las empresas que ya cuentan con un área de cumplimiento en estas materias, sus accionistas valoren la conveniencia de revisar con sus asesores, si dichas áreas cumplen con las necesidades de esa empresa.
Dichos documentos deben ser considerados en el “Modelo de Compliance” de las empresas mexicanas para garantizar el estricto apego a la legalidad en su actuar y para demostrar un debido control organizacional que les permita evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, argumentó Juan Antonio Barragán Cabral.
En la COPARMEX respaldamos las políticas públicas para combatir frontalmente todas las formas de ilegalidad, especialmente la delincuencia organizada. Sin embargo, seguimos considerando que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pone en riesgo uno de los derechos fundamentales de todo individuo: el respeto a la propiedad privada.
En la COPARMEX consideramos que la persecución de los delitos y el combate al crimen organizado, no deben deteriorar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Las leyes deben asegurar, que cualquier gobierno o funcionario garantice la tutela de sus derechos y el respeto a su patrimonio, a través de un compromiso inequívoco con la legalidad y el Estado de Derecho.
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Artículo de Opinión escrito por José Medina Mora / Presidente Nacional de COPARMEX| Vía: EL sol de México X: @JoseMedinaMora El
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