Hoy son unos, pero mañana podrían ser otros

Artículo de opinión escrito por: Leonor Quiroz Carrillo, Presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex | Vía El Heraldo de México 

Twitter: @leonorquiroz

Estamos viviendo un grave riesgo en el equilibrio institucional del Estado y será aún mayor si se tolera o normaliza la violencia política y el hostigamiento contra los órganos colegiados encargados de defendernos frente al poder público, como está sucediendo contra la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial la ministra presidenta, que ha sido violentada de manera deleznable, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que lleva acumuladas a la fecha más de siete mil resoluciones sin votar por la deliberada ausencia de nombramientos provocada por la mayoría legislativa del Senado para paralizarlo.

Que no se nos olvide que esos más de siete mil recursos de revisión que el INAI no ha podido resolver tienen rostro de ciudadanas y ciudadanos que están siendo afectados en la protección de sus derechos humanos.

Resaltan los señalamientos continuos que ha padecido la Corte por las resoluciones que han declarado la inconstitucionalidad de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Es deseable que todos los que integramos el Estado —población y gobierno, entre ellos— valoremos que existe en nuestro país un sistema vigente de pesos y contrapesos que funciona a cabalidad, tal como lo prevé nuestro principal orden jurídico: la Constitución.

Cuando se felicita o enaltece al Poder Judicial únicamente cuando sus decisiones favorecen, pero le condenan, hostigan y violentan cuando no se les concede jurídicamente la razón, es una muestra clara no sólo de inmadurez y autoritarismo en las dirigencias del Poder que reacciona así, sino que es una alerta nacional, ya que refleja la búsqueda de un Poder Judicial “a modo”, obediente y dependiente del gobierno o de las mayorías legislativas en turno, que no se debería olvidar a quienes ostentan
dichas mayorías, que hoy son unos, pero mañana podrían ser otros y querrán a un Poder Judicial fuerte e independiente que les defienda con la ley en la mano.

Mientras nuestro máximo tribunal resuelva apegado a la norma constitucional, estamos obligados a defender con el mismo vigor —con el que se le ataca—, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las instituciones ciudadanas que también han sido violentadas públicamente, en acción y en omisión, pues en ello va nuestra vida democrática y nuestra gobernabilidad, paz social y la legalidad en las decisiones que cualquier autoridad tome, ya que cuando éstas no sean emitidas conforme a derecho, habrá una Corte que las pondere y sólo así prevalecerá la justicia basada en normas.

Ante la tentación de atacar al árbitro y cambiar las reglas por conveniencia o coyuntura política, que no se nos olvide que ese árbitro pudiera ser el único que pueda defendernos en el peor momento de nuestras vidas —privada o institucional—.

Con ese nivel de conciencia, esperamos la responsabilidad en la actuación de cada una de las autoridades en nuestro país al emitir sus resoluciones, pero también la responsabilidad de la ciudadanía, haciendo lo que desde su trinchera corresponda para exigir y defender de manera organizada y por los cauces legales, la independencia, permanencia y fortalecimiento de las instituciones que garantizan el ejercicio de nuestros derechos.