Ni libres ni iguales

Artículo de opinión escrito por Lorena Jiménez Salcedo, Presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Social de la Coparmex | Vía Excelsior

Hace tres semanas “levantaron” en Encarnación de Díaz, Jalisco, a las hermanas Saucedo. La semana pasada desaparecieron, en Lagos de Moreno: Jaime, Diego, Dante, Uriel y Roberto, sólo para reaparecer en un video de horror que inundó de morbo y desesperanza las redes sociales. Mensajes entre bandas rivales a expensas de civiles inocentes que tuvieron que luchar hasta la muerte con la falsa esperanza de que conservarían la vida. El horror mostrado en una estampa macabra.

Apenas el sábado pasado supimos que, de nuevo, en la misma zona, llegaba la angustia para la familia Macías Noriega. No se conformaron con llevarse a uno de sus hijos, secuestraron a los cinco. Se llevaron a todos porque ellos pueden, mandan y gobiernan en una región del país donde el Estado mexicano se ha diluido o, peor, se ha coaligado, construyendo una efímera alianza con nulas posibilidades de éxito. Nadie controla al narco.

Por eso Jalisco es hoy la entidad puntera en número de desaparecidos. Hay poco más de 15 mil familias buscando a sus hijos, hermanos, parientes, mientras la Federación y el gobierno del estado son rebasados por las fosas comunes, por su baja capacidad operativa y por la máquina de guerra criminal que opera todos los días y todas las horas. Nada ni nadie les hace frente. No hay abrazos ni hay balazos, hay cierta resignación y sobrado cinismo. La inoperancia es el sello más distinguible de la estrategia de seguridad en nuestro país.

Lo confirman las cifras aportadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (julio, 2023) del Inegi. En Jalisco, la gente vive con miedo. En la zona conurbada, conformada por Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, al menos 71 de cada 100 ciudadanos dijeron sentirse inseguros. La cifra no es exclusiva de dicha Zona Metropolitana.

Existen hoy en el país al menos 19 “zonas calientes” donde la percepción de inseguridad es muy alta: Cancún, Zacatecas, Reynosa, Ciudad Obregón, San Luis Potosí, Uruapan, Colima, Cuernavaca, Puebla, Irapuato, entre otras tantas. Ahí los ciudadanos han aprendido a vivir en silencio, sin tocar el claxon, con la vista baja, saliendo poco, autolimitándose en el ejercicio de sus libertades. Otros, por el contrario, han comenzado a exaltar los atributos de la “narcocultura” que se respira y que se vive a diario, quizás por asimilar mejor el miedo.

La normalización es una reacción natural, nadie quiere vivir permanentemente en estado de alerta. Nadie quiere imaginar cruzarse con un violentador. Aun cuando esa normalización le crea un incentivo perverso al gobierno, quien deja artificialmente de percibir una preocupación ciudadana y una obligación del Estado. Es tan común la violencia que hemos perdido los parámetros de indignación y de reclamo.

Hoy tenemos un contrato social roto. Ni el gobierno garantiza la libertad e igualdad de todos ni mantiene el monopolio legítimo de la violencia. Hemos regresado al estado de naturaleza, pero no al edén que Juan Jacobo Rousseau imaginó en su Contrato Social, sino al que Thomas Hobbes describe en el Leviatán como precario, violento, sin ley ni autoridad o como homo homini lupus (el hombre siendo un lobo para el hombre).

Ambos pensadores decían que, una vez que los hombres decidían vivir en sociedad y cedían su voluntad de actuar con violencia, se sellaba un pacto irrevocable. Pero la historia de la humanidad ha estado repleta de individuos con incentivos diferentes y México no es la excepción. Ya sea por la vía de la violencia o la corrupción, la aspiración de los grupos criminales es controlar el país apoderándose del Estado, volviéndose parte y juez, arrebatando libertades ciudadanas para imponer un control a modo.

La respuesta a esta acción criminal es poco halagüeña. Tomando prestada una idea de Hobbes, para reencausar ese pacto social y hacerlo fuerte se requiere un soberano dispuesto a combatir —incluso con terror y violencia— a las fuerzas que atentan contra el orden social y, lamentablemente, no hay puntos medios.