Artículo de Opinión escrito por Lorena Jiménez Salcedo, Presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Social de la Coparmex | Vía Excelsior
Algo no cuadra en el PEF y debe (pre)ocuparnos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, contempla un gasto neto total de 9 billones 60 mil millones de pesos, lo que representa un incremento real de 4.12% comparado con 2023. ¿Son estas buenas noticias? Veamos.
Crece la inversión física: aumenta 10.2%, a 888 mil 803 millones de pesos. Este aumento se destinará a proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca (en su mayoría con sobrecostos de obra) y el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Nada quedó registrado para la reconstrucción de Acapulco, polo turístico tradicional del país y demanda clara del sector empresarial desde que Otis golpeó el puerto.
¿Y la infraestructura necesaria para potenciar el nearshoring? La señal presupuestal parece ser de claroscuros: si bien la Secretaría de Economía recibirá recursos importantes a fin de que la Unidad de Inteligencia Económica Global pueda realizar la promoción adecuada del país entre las empresas estadunidenses interesadas en la relocalización, queda poco claro en el presupuesto si el gobierno federal priorizará, en su último año de gobierno, las adecuaciones portuarias, energéticas, carreteras y ferroviarias que el norte del país y los inversionistas extranjeros demandan para facilitar el traslado de mercancías hacia Estados Unidos y el mundo. Aumentan también los recursos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Un incremento de 32.3% con respecto al año pasado, consolidando un gasto en 2024 de 465 mil 49 millones de pesos. Esto representa que, de cada 100 pesos de subsidios otorgados, 46 serán destinados para esta acción. La apuesta federal contiene amplios riesgos: 1) el número de beneficiarios sólo puede ir en aumento, y la presión financiera sobre las finanzas públicas lo hará insostenible en el corto plazo, 2) la acción descobija otros sectores y programas sociales fundamentales, y 3) el uso político del programa marcará un reto en sí mismo para los árbitros electorales del 2024.
Crece el gasto educativo: aumenta 7.7%, para un total de 550 mil 278 millones de pesos. Este incremento se destinará principalmente para potenciar el número de becas que permitan reducir la deserción escolar, pero ello en sí mismo no es una apuesta por la calidad educativa que el país requiere para crecer más y mejor cuando estos niños y jóvenes pasen a formar parte de la población económicamente activa. El programa se ha percibido como una vertiente más de las acciones asistencialistas de la presente administración y, más pronto que tarde, puede derivar en un simple sistema de construcción de clientelas electorales a favor de Morena el próximo año. Aumenta gasto en salud: con un incremento de 6.4% con respecto al año anterior, es decir: 506 mil 634 millones de pesos. Este aumento también queda en puntos suspensivos. Si bien la justificación presupuestal habla de un mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y un aumento en el número de médicos y enfermeras, pareciera que el enfoque se queda corto cuando se requiere una mejor retribución para todo el cuerpo hospitalario que ya labora actualmente en instituciones públicas de salud. Más aun si sigue sin existir una asignación urgente y especial para medicinas y tratamientos de segundo y tercer nivel de salud a nivel nacional.
Con estos incrementos se ven claramente reflejadas las apuestas del último año de gobierno de la actual administración federal: los proyectos insignia de infraestructura y el reparto de apoyos sociales directos. Como lo dijo el secretario de Hacienda, en México, 7 de cada 10 ciudadanos reciben algún tipo de apoyo social y pareciera que el gobierno prepara más una base electoral que soluciones de largo plazo a los problemas de disparidad social e infraestructura que tiene nuestro país.
La inversión de 727 mil millones de pesos en bienestar social (un aumento de 18% con respecto a 2023) no está haciendo eco de los llamados del sector empresarial de reducir el déficit fiscal, aumentar los ingresos y reducir gradualmente los gastos. No apuesta por la mejora en la eficiencia del gasto público ni elimina programas y proyectos superfluos que poco contribuyen al desarrollo.
El PEF 2024 es una apuesta política de corto término que hizo poco caso de la demanda que desde la Coparmex hicimos puntualmente: la de un gasto público que vaya dirigido, efectivamente, a atender a los ciudadanos, que no afecte a las instituciones y que respete el equilibrio de poderes para ayudar al desarrollo de un México más justo, más democrático y en paz, como el que todos anhelamos. #OpiniónCoparmex
