Amicus curiae (amigo de la Corte)

Artículo escrito por nuestro Presidente de la Comisión Fiscal Reginaldo Esquer Félix en El Economista
Twitter: @Reginaldo_EF

Recientemente en ejercicio de lo que reconocemos desde el sector empresarial organizado como una responsabilidad cívica, la Coparmex promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae, en apoyo a las ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por los Senadores del PAN, PRI y PRD que representan más de 33% del total del Senado, y que votaron en contra del decreto que reforma diversas leyes en materia penal, por considerar que violenta los derechos humanos y constitucionales de los contribuyentes, y que contemplan la prisión preventiva oficiosa y la consideración de amenaza a la seguridad nacional al delito de defraudación fiscal, entre otros.

Pero, ¿qué es un amicus curiae? En principio lo reconocemos como una expresión en latín, que literalmente se traduce como “amigo de la Corte”, y es una instancia legal comúnmente utilizada en países anglosajones, que poco a poco se ha ido introduciendo por la práctica internacional en el sistema judicial mexicano. Su propósito es permitir la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés demostrable y justificado en la resolución de éste, y que voluntariamente promueven la presentación de una opinión técnica, mediante la cual aportan argumentos de juicio, que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que el juzgador resuelva sobre la materia del litigio.

En países anglosajones es común que se utilice al discutirse temas relativos al interés público (problemas sociales o libertades civiles, por ejemplo). En la historia jurídica estadounidense ha sido utilizada en litigios que se relacionan con derechos civiles, pena capital, protección al ambiente, igualdad de géneros, adopción infantil o discriminación positiva.

Conforme a lo expuesto en la promoción presentada ante la SCJN, se ha reiterado de muchas formas, que el sector empresarial desde luego está a favor de la lucha contra las “empresas fantasmas” o de las acciones en contra de aquellos que se dediquen a la venta o adquisición de facturas por operaciones simuladas o inexistentes, defraudando al Estado y compitiendo en forma desigual con buenos contribuyentes. No obstante, no podemos permitir que paguen justos por pecadores, en esta cacería contra los malos contribuyentes, existen muchos mejores mecanismos legales para combatir el fenómeno de las empresas factureras, sin que para ello se tenga que violentar los derechos y garantías constitucionales de todo gobernado, pues en esta permisión le concede al ente público, una herramienta legal que podría utilizarse para atacar al enemigo político o simplemente en contra del incómodo.

No debemos permitir, como se pretende, que se violente el principio de presunción de inocencia, y la aprobación de una prisión preventiva oficiosa, entre otros, para el delito de defraudación fiscal, contrabando y sus equiparables. No podemos menospreciar el derecho a la libertad, velada por nuestra propia Constitución, debemos procurar su protección en los términos más amplios posibles.

El catalogar los ilícitos fiscales como delincuencia organizada crea un ambiente de total incertidumbre, colocando al contribuyente en una posición desventajosa y violentada ante el fisco. Desde luego, un verdadero reconocimiento a quienes promovieron estas ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, que reconocen en nuestras vías institucionales el camino correcto en el que se funda y protege nuestro Estado de derecho, y que generan equilibrios en el ejercicio de nuestras obligaciones y en el cuidado y respeto de nuestros derechos constitucionales.

Quedará en manos de la SCJN analizar y resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Senado y la CNDH, nosotros como parte de la sociedad civil organizada no podemos ser meros espectadores, nos asumimos como sociedad responsable y como “amigos de la Corte” también expresamos nuestras preocupaciones. El equilibrio de poderes estará siempre la decisión final de nuestro tribunal supremo, esperemos su decisión.

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