El diálogo debe ser prioritario en el Poder Legislativo.

Artículo de opinión escrito por Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex| Vía: @Excelsior

X: @penunuri_jorge

En semanas pasadas fuimos testigos de un proceso legislativo extenuante, en el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Cámara de Diputados y al Senado a llevar a cabo un periodo extraordinario para desahogar diversas iniciativas de reforma que, hasta ese momento, habían sido tarea pendiente para el Legislativo y que eran importantes para la 4T, siendo la sociedad mexicana testigo de la modificación de 16 normas.

Cabe señalar que la urgencia de dichas adecuaciones (con excepción de la ley de desaparición forzada y en materia de seguridad) atendía principalmente a intereses políticos o de concentración de poder. Por ello, muchas fueron duramente criticadas y en algún momento frenadas ante el encono de la sociedad, como lo fue, particularmente, la ley en materia de desaparición forzada. Con preocupación atestiguamos la imposición de reformas que no tuvieron verdadera voluntad de diálogo, con el fin de construir o mejorar una situación en particular, o de atender una problemática específica.

Esta forma de legislar resulta sumamente preocupante, pues en la mayoría de las ocasiones se minan instituciones de gobierno y contrapesos importantes que el propio Constituyente visualizó para un correcto funcionamiento. Las reformas que hemos visto en las últimas legislaturas están talando cada vez más el Estado de derecho, afectando la certidumbre jurídica que cualquier tipo de inversión requiere para el desarrollo de una nación.

Desde la Coparmex hemos buscado, de diversas maneras, tratar de estimular un diálogo que permita compartir preocupaciones y generar sinergias para una construcción armónica entre la disposición normativa, el operador legislativo y los sujetos obligados a cumplirla.

En materia de seguridad apostamos por la estrategia presentada por la titular del Ejecutivo y el plan para contener la extorsión, delito que afecta severamente no sólo al sector empresarial, sino a toda la sociedad. Celebramos, de igual forma, la propuesta legislativa que tiene como fin avanzar en una Ley General contra la Extorsión, misma que desde la Confederación hemos impulsado desde hace tiempo.

Los casos y datos expuestos demuestran que sí es posible construir desde el diálogo y escuchando activamente las necesidades de los diversos sectores. Por ello apostamos por la transparencia y una comunicación constante entre los Poderes de la Unión y la ciudadanía. Por lo que respecta a la reforma relativa a la desaparición forzada, que obliga a las empresas que presten servicios financieros, de transporte, salud física y mental, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos, establecimientos residenciales de atención a las adicciones, así como a toda institución privada que administre registros o bases de datos de personas, a compartir información específica respecto a las bases de datos de clientes y usuarios, se abren diversas preocupaciones con impacto en la propia Ley de Desaparición Forzada, reformada en este periodo.

Es importante aclarar que no se trata de no colaborar con las autoridades en investigaciones tan delicadas como una persona desaparecida. Sin embargo, el problema surge al pasar por alto procesos claros y protocolos que brinden certeza jurídica. Implica entregar datos sensibles donde no se ha garantizado la seguridad ni la protección de estos. Entregar datos confidenciales sin las salvaguardas adecuadas es un riesgo considerable, máxime cuando las propias instituciones de seguridad han sido blanco de ataques cibernéticos, resultando en el robo de miles de datos.

Por ello, la insistencia de la Coparmex en abrir espacios de diálogo que permitan sumar ideas y mejorar las reformas planteadas. El ejercicio de parlamento abierto representa una vía adecuada que permite confluir opiniones que forman parte de la construcción social. Pero para que ello sea posible, se requieren procesos legislativos serios, con tiempos de análisis adecuados (aunque no eternos), con argumentos sólidos y con diálogos reales, no simulados.

Confiamos en que el Poder Legislativo opte por llevar los próximos periodos a la transparencia y se decante por aceptar una libertad de ideas y de expresiones. Es preocupante ver actuaciones y resoluciones que minan la libertad de expresarse y criticar, libertad que costó años y vidas para ser alcanzada, y que hoy en día vemos con gran inquietud.