El Impacto de la Reforma a la Ley de Amparo en el sector eléctrico mexicano

Artículo de opinión escrito por Carlos Aurelio Hernández González, Presidente de la Comisión Nacional de Energía y Consejero Nacional COPARMEX | Vía @Forbes_Mexico
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Esta reforma plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la justicia, la protección de derechos fundamentales en el país y la certidumbre jurídica a las nuevas inversiones.

El pasado miércoles 24 de abril, México fue testigo de una importante reforma a la ley de amparo, aprobada por diputados y senadores, que restringe la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones generales en casos relacionados con áreas críticas como la libre competencia, medio ambiente y educación.

Esta reforma plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la justicia, la protección de derechos fundamentales en el país y la certidumbre jurídica a las nuevas inversiones.

Uno de los sectores que se vería afectado es el sector eléctrico. Durante el presente sexenio, las suspensiones generales han sido una herramienta clave para impugnar normativas y decisiones que pudieron haber tenido un impacto negativo en la competitividad y la eficiencia del mercado eléctrico mexicano.

Por ejemplo, acuerdos como el de los Certificados de Energías Limpias (CELs) de la secretaria de Energía (Sener), el acuerdo de confiabilidad del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021 han sido objeto de suspensiones de carácter general por parte de los jueces, permitiendo a los mexicanos impugnar estas medidas en favor de la libre competencia y el medio ambiente.

La restricción de la posibilidad de otorgar suspensiones generales en casos relacionados con competencia económica en el sector eléctrico plantea serias preocupaciones sobre la igualdad de condiciones y la justicia en el mercado.

Al limitar suspensiones generales que puedan afectar la libre competencia, se corre el riesgo de crear un entorno en el que solo las empresas que lograron obtener amparos puedan disfrutar de beneficios exclusivos, dejando a sus competidores en desventaja y distorsionando el juego justo en el mercado.

Esto no solo sería inoperativo desde una perspectiva administrativa y económica, sino que también podría considerarse como una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, al permitir que ciertos actores del mercado gocen de privilegios sobre otros.

El medio ambiente es un bien público que afecta a toda la sociedad, por lo que cualquier medida tendría efectos generales en la población. En este contexto, limitar la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones generales significa que, en casos ambientales, solo se podrían amparar a los quejosos individuales, lo cual resulta inadecuado dada la naturaleza transversal y colectiva de los problemas ambientales.

Por ejemplo, en el caso de acuerdos como el de los “CELs”, que tienen implicaciones directas en la calidad del aire y el derecho de los mexicanos a un medio ambiente saludable, la suspensión general otorgada permitió salvaguardar los intereses de la sociedad en su conjunto, en lugar de beneficiar únicamente a unos pocos actores del sector.

La reciente reforma a la ley de amparo plantea serias preocupaciones sobre la protección de derechos fundamentales y la certidumbre jurídica de las empresas mexicanas. Es primordial que se garantice la protección de los derechos de los ciudadanos para promover un desarrollo económico y social sostenible en México.

Desde COPARMEX se invita a la reflexión para fomentar un diálogo constructivo, basado en argumentos técnicos y jurídicos, por encima de posturas ideológicas. El intercambio de ideas fundamentadas es el camino para encontrar soluciones para los desafíos que enfrenta el país, especialmente en sectores estratégicos como el eléctrico. #OpiniónCOPARMEX