El Plan B en materia electoral ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que se empieza a implementar.
Al respecto, hace algunas semanas el INE presentó un documento sobre los efectos de su implementación para la institución y las elecciones, en vísperas de uno de los procesos electorales más grandes de nuestra historia.
Entre lo mencionado por el Instituto, coincido en que la desaparición de vocales en las juntas distritales implicaría la disminución de la capacidad instalada en el INE y los organismos electorales locales, y afecta el número de casillas y el proceso 2024 en donde se renovarán la Presidencia de la República, Diputados y Senadores, Congresos Estatales, nueve gubernaturas y cientos de presidencias municipales.
También se limitaría la posibilidad de tramitar o reponer la credencial de elector, al desmantelar la estructura de módulos del INE y despedir a cerca de 2,000 funcionarios que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen las casillas y cuenten los votos; ahora los módulos se trasladarían a oficinas de gobierno y perderían autonomía y certeza.
Sumado a esto, se pone en riesgo la integración del padrón electoral y la correcta fiscalización de los recursos públicos utilizados por los partidos políticos y candidatos.
Todos estos cambios ya están generando incertidumbre rumbo al proceso electoral de 2024 y desde el día 1 de implementación ha puesto en riesgo la autonomía y operación del instituto. Para muestra, el 2 de marzo que entró el vigor el plan B, una de sus consecuencias inmediatas fue el cese del Secretario ejecutivo del INE; el Consejo del Instituto, aunque tuvo que cumplir esta ley y concluir su nombramiento, consideró que era inconstitucional porque invade atribuciones de la autoridad electoral y contraviene derechos amparados por la Constitución, y por tanto, se presentó un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estoy convencido de que estos cambios electorales son innecesarios e implicarían retrocesos para la democracia mexicana, que ha logrado elecciones confiables y transición en los partidos.
Ahora que entró en vigor una reforma que se presume inconstitucional, es el turno de la Suprema Corte, por lo que pido a los ministros ejercer su función de contrapeso y defiendan la Constitución y nuestros derechos.
Confío en que las y los ministros analizarán a fondo el contenido de las reformas que contiene el plan B y que, de encontrarla inconstitucional, no permitirán que continúe su implementación.
La democracia mexicana necesita seguir fortaleciendo sus instituciones y procesos electorales para que sigan siendo legítimos y confiables. Como ciudadanos, debemos seguir defendiendo nuestra democracia y no aceptamos dar ni un paso atrás.
¡Seguimos defendiendo al INE! #YoDefiendoAlINE #OpinionCoparmex