Financiamiento Público Equilibrado: Premisa de la Competitividad Electoral de Partidos

En las últimas décadas, la democracia mexicana ha avanzado con paso firme, lo que ha permitido a México transitar de un sistema hegemónico de partido político único hacia un sistema electoral con reglas claras y cada vez más competido.

Las reformas electorales que se impulsaron a mediados de los años noventa –y que a la postre derivaron en la primera transición democrática en el año 2000–, vinieron a fortalecer a la democracia mexicana así como la instauración de un modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos que buscó principalmente tres propósitos:

• Uno, equilibrar las contiendas electorales, emparejando el terreno de acción para los partidos;

• Dos, dar certeza y transparencia a los recursos invertidos en las elecciones; y

• Tres, evitar que los intereses particulares –de quienes participen financiando las campañas– pudieran orientar indebidamente el desarrollo de las contiendas.

En suma, el financiamiento mayoritariamente público, aprobado en 1996, fue un cambio impostergable que redefinió las reglas electorales en México. Mayor transparencia y equidad, brindaron a los partidos la oportunidad de competir con una base mínima de igualdad.

En gran medida, ese ajuste facilitó la alternancia en el poder en los distintos niveles de gobierno. Tan sólo en el caso del Ejecutivo Federal, ya son tres veces desde entonces, que el partido al frente del Gobierno, es cambiado por el voto ciudadano. Así de relevante ha sido la incorporación de este modelo de financiamiento equitativo.

Los mecanismos de control y fiscalización que ha ido adquiriendo el INE, nos han permitido proteger las contiendas, con topes de gastos para las campañas, la especificación de fuentes legítimas de financiamiento privado y los límites de esas donaciones, así como la exclusión de recursos de determinados orígenes, como gobiernos, empresas y organismos extranjeros.

Gracias a este esquema, la democracia de hoy es más fuerte que hace 25 años. Y por esta razón, cobra relevancia la iniciativa aprobada  en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para reducir a la mitad el financiamiento público que se destina a los partidos políticos.

Esta discusión que tendrá lugar ahora en el Senado, requiere de un análisis profundo, donde se escuchen las voces de las autoridades y los especialistas en materia electoral, así como de la sociedad civil, para continuar fortaleciendo al modelo democrático de nuestro País.

En Coparmex estamos a favor de revisar y mejorar los mecanismos de financiamiento de los recursos públicos que se les asignan a los partidos políticos, pero siempre para garantizar la fortaleza y desarrollo de nuestra democracia.

Es cierto, el sistema electoral en nuestro país se ha encarecido en los últimos años, al haber fomentado la creación de estructuras burocráticas al interior de los partidos y cuyos gastos ordinarios crecen cada año para mantener la operatividad de dichos institutos. Tan solo para 2020, el presupuesto con el que contarán los partidos superará los 5 mil millones de pesos de recursos públicos; el más elevado en un año no-electoral y el segundo mayor en la historia, sólo detrás de la asignación de 2018.

Aunque esta revisión presupuestal es necesaria, en Coparmex señalamos tres puntos específicos que nos generan preocupación, sobre la iniciativa de disminuir el financiamiento público a los Partidos:

1. Mayor inequidad en la democracia: Con menos recursos, los partidos de oposición verían afectada su capacidad de operación y promoción en los procesos electorales, favoreciendo principalmente al Partido que se encuentre en el gobierno, que continuaría con una asignación presupuestal mayor.

2. Se abre la puerta al dinero ilegal: Los partidos más afectados por la reducción, y que quedasen con muy poco margen de maniobra operativa, se verían orillados a buscar suplir la baja en el presupuesto con nuevas fuentes de financiamiento, incrementando la tendencia a obtener recursos con algún origen ilícito.

3. Incentivos a la corrupción y opacidad: La restricción desmedida al financiamiento público, induce la intromisión económica de terceros que apuesten por una o varias alternativas políticas, para posteriormente obtener favores como grandes contratos de obras públicas o asignaciones directas para la prestación de servicios.

Por ello, estamos a favor de mantener el modelo de financiamiento mixto, predominantemente público, porque es el idóneo para continuar fortaleciendo a la democracia mexicana; pero reconociendo la necesidad de ahorrar costos innecesarios.

Al respecto existen propuestas muy serias y detalladas –que ya se discuten entre los especialistas– que deben ser consideradas para enriquecer el debate.

Ahora es un buen momento para contemplar medidas adicionales que impactan los gastos de operación de los partidos políticos, como lo son:

• Eliminar las precampañas que implican grandes derroches económicos para los partidos y que no necesariamente contribuyen a informar de mejor forma a los electores.

• Aprovechar el uso de las tecnologías y explorar nuevos mecanismos para la emisión del voto, como las urnas electrónicas que podrían sustituir miles de toneladas de papelería electoral.

• Evaluar la pertinencia del financiamiento local a los partidos y revisar la fórmula que determina cómo se reparten los recursos.

• Analizar a profundidad los gastos que realizan los partidos, sobre todo en un contexto de austeridad, para identificar nuevas formas de reducir sus costos.

• Explorar mecanismos de sanción que vayan más allá del ámbito administrativo que al día de hoy únicamente transfieren los costos a los partidos y no a quienes son responsables del manejo de los recursos.

• Continuar e incrementar la participación de los particulares en el financiamiento partidario, pero bajo el escrutinio y fiscalización de las autoridades electorales.

• Reivindicar el derecho de los particulares para contratar publicidad en medios electrónicos para fines electorales, lo cual se prohibió en pasado reciente.

En Coparmex, hacemos un llamado firme a los Senadores a que analicen la propuesta de reducir el presupuesto a los partidos políticos, a profundizar el análisis, considerando éstos y otros mecanismos alternativos, con los que se pueden recortar gastos innecesarios en materia electoral, sin afectar el equilibrio de la democracia y la transparencia de los recursos.

El marco de estas discusiones puede servir además para ampliar el debate y contemplar elementos que le den cauce a una reforma integral. No sólo se trata de ahorrar recursos en el financiamiento para fines electorales, lo importante es seguir consolidando un modelo democrático más moderno, eficiente e inclusivo.

Para dar pasos hacia una democracia madura debemos impulsar medidas más profundas como la segunda vuelta en elección presidencial, las candidaturas comunes y los gobiernos de coalición.

Entre todos los mexicanos debemos seguir construyendo una democracia sólida, que le abra espacios a todas las voces. Porque sólo en democracia, México seguirá caminando por la ruta de la transformación.

Muchas gracias.