Artículo escrito por José Alberto Castro Vera, Presidente del Comité de Política de Coparmex nacional vía Etcétera.
Twitter: @joseACV7
Ante un país con récord en homicidios¹ y con el cuarto peor lugar en impunidad en el mundo², los ciudadanos debemos despejar la mente y saber en qué debemos concentrarnos para así entender qué debemos exigirle a las autoridades con la finalidad de lograr la seguridad anhelada y la justicia aspirada.
Hay dos temas que destacan en importancia tanto por su amplitud como por su consecuencia. Uno de ellos se refiere a resultados y el segundo a la sanción.
El primero de ellos es saber separar acciones de resultados. Los ciudadanos debemos aprender a medir y, sobre todo, exigirle a las autoridades resultados, no acciones. No es válido ni aceptable el dispendio de recursos públicos por parte de los gobernantes en acciones que no logran objetivos claros. Gobernar no es informar acciones, gobernar es entregar resultados. Las autoridades, estatales y federales, deben dejar de dar informes de acciones (como presumir la compra de armas o patrullas) y empezar a entregar y comprobar resultados. Eso es lo que los ciudadanos necesitamos; en particular, que se demuestre una tendencia real de reducción de delitos.
El segundo es el índice de impunidad. En materia de seguridad y de justicia, mientras no exista sanción a quien infrinja la ley, todo lo demás es secundario. El antónimo de “impunidad” es “castigo” y el índice de impunidad es la diferencia entre eventos ilícitos y condenas, que se puede determinar en base al número de delitos que se cometen en un cierto periodo y cuántos se reflejan como denunciados, procesados y sentenciados.
Como civilización, o logramos dominar la técnica de la aplicación de la justicia, o no alcanzaremos un estado de desarrollo pleno. Como civilización, los mexicanos no hemos logrado dominar la técnica de la aplicación de la justicia, particularmente que haya sanción a quien infringe la ley. No obstante, esta deficiencia no es inevitable, es remediable. Y como es remediable, es temporal. Pero esa temporalidad pasa, obligatoriamente, por abatir la impunidad.
Eso debe ser la prioridad número uno de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y la responsabilidad de los ciudadanos es exigir su abatimiento y repetírselo a las autoridades (municipales, estatales y federales), hasta que se la aprendan.
Si como sociedad en nuestro lenguaje no está el saber identificar acciones de resultados y exigir que estas abatan la impunidad, difícilmente podremos alcanzar un pleno Estado de derecho. Es nuestra responsabilidad adoptar este tipo de temas y darles seguimiento. La seguridad anhelada y la justicia aspirada dependen de ello.
Consulta la versión original en: Etcétera, La exigencia ciudadana faltante
