La propuesta de Reforma Constitucional en materia eléctrica afecta la libre competencia, daña a empresas, a los empleados y pega en los bolsillos de las familias

• Debe protegerse la libre competencia porque beneficia al consumidor final en precio y servicio
• Recuperar el crecimiento después de la pandemia por Covid-19 requiere de una oferta energética limpia, moderna y oportuna para que las empresas crezcan y generen más y mejores empleos
• Los órganos reguladores autónomos son garantes para contrarrestar los monopolios; eliminarlos repercutirá en suministro de menor calidad y a costos mayores para la población.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), seguimos con atención la reciente iniciativa de reforma constitucional sobre el sector eléctrico presentada por el Ejecutivo Federal. Rechazamos dicha iniciativa por ser contraria al bienestar de los consumidores de electricidad y al limitar la competitividad, misma que es esencial para el desarrollo social y económico del país.

Coincidimos en la importancia de continuar fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en beneficio del pueblo de México, aunque estamos convencidos de que la mejor forma de consolidar al sector energético en México es a través de la creciente colaboración entre los diferentes actores, sean públicos o privados, mediante una participación integral y no excluyente.

La inversión que el sector privado aporta al sector energético es y será determinante para abastecer de energía a los hogares mexicanos y a los negocios que activan la economía de este país, y que a su vez incentiva el desarrollo social.

La aprobación de la Reforma Constitucional desincentivará las inversiones de privados que realizaron sus modelos de negocios bajo el amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El sector eléctrico no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como un medio proveedor de un insumo básico para alcanzar el bienestar de los mexicanos.

Para que las familias paguen menos por sus gasolinas, gas y, en este caso, electricidad, es necesario que haya más competidores y mayor oferta.

Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que de aprobarse, en el corto plazo, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas.

Por otra parte, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE tendrá como resultado la eliminación de la competencia, aumentará las ineficiencias en el Mercado Eléctrico, ya que la CRE tiene la función crítica de establecer reglas claras y promover la certeza legal y regulatoria en el mercado energético como un ente autónomo desligado de los ciclos políticos. Para ello, cuenta con instrumentos relevantes: otorgar permisos, establecer reglas de participación, publicitar información, establecer tarifas, etc. Además, en el T-MEC, México se obliga a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos.

La cancelación de los permisos y los contratos existentes vulnerará el Estado de Derecho, impactará en la competitividad y perjudicará las inversiones realizadas en apego a los ordenamientos legales vigentes. México requiere de marcos legales y regulatorios que provean certidumbre a las inversiones, así como reglas claras y justas para todos los participantes en los diferentes mercados.

En Coparmex estamos convencidos que la libre competencia promueve también la competitividad, y que esta deriva en más y mejores opciones de productos y servicios que se ajustan a las diversas necesidades de los habitantes del país.

Debemos considerar también la importancia de la cancelación de los Certificados de Energías Limpias (CEL) lo cual se contrapone a compromisos adquiridos por México a través del Acuerdo de París para no poner en riesgo el medio ambiente al que tenemos derechos las generaciones presentes y futuras de mexicanos. Cancelar estos instrumentos podrá modificar los retornos de las inversiones realizadas por el sector privado, tanto las empresas ya instaladas, como las que se encuentran en desarrollo.

El fortalecimiento de la CFE requiere del esfuerzo y compromiso del sector privado y público, con propuestas innovadoras que respondan ante las actuales áreas de mejora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en beneficio de la libre competencia que es el camino donde la Comisión y los participantes del mercado eléctrico podrán crear desarrollo económico, que generen oportunidades de empleos para México.

En Coparmex reforzamos nuestro interés para participar en el debate con los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal para enriquecer esta iniciativa y promover un diálogo que ponga en el centro a las familias mexicanas y a los consumidores de electricidad.

Insistiremos en que se establezca un marco regulatorio claro, justo, e imparcial que dé certidumbre a los participantes en el sector, que contribuya al cumplimiento de las metas de sustentabilidad y los compromisos ambientales adquiridos en foros y convenios internacionales.

También pugnaremos por un mercado eléctrico competitivo y abierto que ayude a fortalecer a las empresas que en él participan, incluida la CFE, en beneficio de todos los consumidores y del pueblo de México.

Desde COPARMEX apoyaremos para que, tanto el sector público como el privado se fortalezcan y por ello, sólo respaldaremos aquellas iniciativas que tengan como propósito fortalecer la economía, la prosperidad y el Estado de Derecho.

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