Artículo de Opinión escrito por José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de Coparmex | Vía Reforma
Twitter: @JoseMedinaMora
Uno de los procesos que más nos ha costado como país es construir un Estado de Derecho sólido, en donde se respeten y cumplan las reglas, y tanto instituciones, como autoridades y ciudadanía acatemos lo establecido en la Constitución y en el marco normativo nacional.
Durante décadas, México ha construido instituciones que se encargan de que esas reglas se acaten, instituciones de impartición de justicia que están depositadas en el Poder Judicial o con naturaleza autónoma, desde el cual se vigila que el resto de los poderes del Estado (conforme al principio de separación o división de poderes) cumplan la ley y la justicia.
Sin embargo, en el ejercicio del poder, se presentan momentos desafiantes para el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos y el Estado de Derecho como los que estamos viviendo actualmente.
Un ejemplo es lo que sucedió recientemente en el estado de Oaxaca, donde el Congreso local, a propuesta del Gobernador, aprobó una reforma a la Constitución de la entidad para desaparecer al el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO), argumentando que era una institución costosa, y creando inmediatamente uno nuevo, y nombrando nuevos magistrados tan solo unas horas después.
En esta decisión, el Congreso vulneró el proceso legislativo pues realizó una sesión en “fast-track” en sábado, sin analizar ni discutir la propuesta en comisiones, y sin que los diputados conocieran antes la propuesta, pues la recibieron unos minutos antes de la sesión.
Y lo más alarmante es que éste no es un caso aislado ya que en Aguascalientes también se ha intentado desaparecer tribunales, y el propio Congreso de la Unión este cayendo en desacato de resoluciones judiciales ante la falta de nombramiento de Comisionados del INAI, dejando sin quórum legal a un instituto que es garante de dos derechos ciudadanos fundamentales. Mientras que autoridades federales no están acatando medidas impuestas por el INE y el Tribunal Electoral para no involucrarse en temas electorales rumbo a uno de los procesos más grandes e importantes para la historia de México.
En Coparmex, consideramos que decisiones de este tipo ponen en riesgo al Estado de Derecho del país, al ignorar lo establecido en nuestra Constitución, las Constituciones locales, no acatar las resoluciones judiciales y vulnerar la autonomía de las instituciones.
Por ello, reconocemos que la Suprema Corte, como el Máximo órgano Jurisdiccional federal, y quien también ha recibido ataques de múltiples tipos, admitiera la controversia constitucional sobre el caso de Oaxaca y suspendiera la decisión del Congreso mientras revisa de fondo la situación, así como que haya afirmado que el Senado está siendo omiso en los nombramientos del INAI, y hace unos días decidiera que el pleno del INAI pueda operar con 4 comisionados, mientras el Senado cumple su función de nombrar al menos a uno más.
Es fundamental que los poderes del Estado y las autoridades respeten y acaten las resoluciones de las instituciones judiciales. Su trabajo es clave para el Estado de Derecho, el respeto a la ley, la división de poderes y el desarrollo democrático.
En Coparmex estamos convencidos de que, como país, solo podremos tener un modelo de desarrollo inclusivo si todos respetamos al Estado de Derecho, fortalecemos el sistema democrático y consolidamos instituciones independientes, sólidas, así como leyes y reglas claras, que cumplamos todos.
Nada ni nadie por encima de la ley.