Que nadie decida por nosotros.

Artículo de opinión escrito por Salvador Carrejo Orozco, Presidente del Comité de Planeación y Desarrollo de Consejos Directivos de Coparmex | vía: @ElIndpendiente

El proceso electoral 2026-2027 ya arrancó y no es uno más. En junio elegiremos 20 mil 61 cargos: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de mil diputaciones locales y poco más de 18 mil cargos municipales. La lista nominal será la más grande de nuestra historia, con más de 102 millones de personas, y se prevé instalar cerca de 177 mil casillas.

La magnitud impresiona, pero la ciudadanía debe enfocarse, sobre todo, en la integridad del proceso. El primer reporte electoral de Integralia enumera los riesgos con una claridad incómoda: precampañas anticipadas, financiamiento ilícito, intervención del crimen organizado, violencia política, uso clientelar de programas sociales, compra de votos, injerencia de servidores públicos e irregularidades durante la jornada. A ello se suma el riesgo de repetir uno de los problemas más graves que hemos padecido: la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, que marcó la controversia de 2024 y a la que en COPARMEX señalamos y nos opusimos con firmeza.

Ninguno de estos riesgos es nuevo. Lo nuevo sería que la sociedad decidiera dejar de tolerarlos.

En COPARMEX lo decimos sin rodeos: una elección no es limpia solo porque se cuenten bien los votos. Es limpia cuando el voto es libre; cuando nadie compra conciencias con despensas o tarjetas; cuando ningún funcionario usa el presupuesto como herramienta de campaña; cuando ningún candidato llega a la boleta con dinero o permiso del crimen. Esa exigencia es para todos, sin excepción: para quien gobierna y para quien aspira a ocupar un cargo de elección popular en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Hay, además, un dato que pocos han subrayado: será la última elección con reelección consecutiva de diputados federales y, en muchas entidades, de legisladores locales y alcaldes. Para miles de quienes hoy ocupan un cargo, la boleta será su evaluación de desempeño. Es un poder enorme en manos de la ciudadanía: premiar a quien cumplió y retirar su respaldo a quien no. Pero también es una tentación peligrosa, porque quien busca repetir tiene a la mano el cargo, el presupuesto y los programas públicos. Usarlos como plataforma de campaña no es astucia política: es abuso y debe señalarse.

Las cifras agravan la responsabilidad. Según datos preliminares, la democracia electoral federal costará en 2027 más de 46 mil millones de pesos, el monto más alto desde el año 2000, y los partidos recibirán cerca de 10 mil 800 millones de pesos de financiamiento público. En este contexto, cada peso que entre por fuera de la ley, provenga de un gobierno, de una empresa o del crimen, no constituye una falta menor: puede configurar un delito electoral y daña gravemente la democracia y, por ende, el Estado de Derecho.

Los empresarios también tenemos que mirarnos al espejo. Quien financia campañas por debajo de la mesa para asegurarse contratos o favores no está invirtiendo: está comprando impunidad y erosionando las instituciones que dan certeza a su propio negocio. COPARMEX no acompaña esas prácticas ni las va a encubrir.

¿Qué haremos? Nuestros Centros Empresariales convocarán a candidatas y candidatos a foros públicos para que presenten propuestas concretas, no consignas. Les pediremos firmar compromisos verificables de integridad: rechazar dinero ilícito, deslindarse de cualquier vínculo criminal y no usar programas sociales con fines electorales. Daremos seguimiento público a esos compromisos y señalaremos a quien los incumpla, sea del color que sea.

También llamaremos a participar. Pediremos a las empresas que den facilidades para que sus colaboradores voten y para que quienes resulten sorteados funjan como funcionarios de casilla. Esas casi 177 mil casillas serán integradas por ciudadanos, no por partidos, y constituyen la primera línea de defensa del voto. Promoveremos el voto informado y la observación electoral. También exigiremos a las autoridades electorales imparcialidad, autonomía y apego estricto a la Constitución, incluida la asignación de diputaciones plurinominales.

La defensa de la democracia no se delega. Una elección con baja participación es terreno fértil para el clientelismo y la intimidación; una ciudadanía que vota, vigila y denuncia es su mejor antídoto. El Modelo de Desarrollo Inclusivo de COPARMEX parte de una convicción: sin Estado Democrático y de Derecho no hay inversión, ni empleo ni desarrollo que llegue a todos.

2027 definirá el equilibrio de poder de la segunda mitad del sexenio y el camino hacia 2030. Por su importancia, debemos asegurarnos de que esa decisión la tomemos los ciudadanos, libremente y con información. Que nadie decida por nosotros.