Artículo de opinión escrito por José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de Coparmex | Vía Mundo Legislativo
Twitter: @JoseMedinaMora
La Constitución es la máxima referencia para el Estado de Derecho, fundamento del Estado democrático, del equilibrio de los poderes, de la distribución de competencias y obligaciones entre órdenes de gobierno, así como garante de derechos para todos los mexicanos.
La Constitución es el orden jurídico y social federal, el instrumento que tanto autoridades como ciudadanos debemos respetar para construir un mejor país.
Quienes legislan, tanto a nivel federal como local, tienen la importante responsabilidad de partir del contenido de nuestra Carta Magna para realizar su labor. Ninguna legislación nacional puede ir en contra de lo que establece la Constitución.
Por ello es tan importante la labor que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal jurisdiccional y pilar del Poder Judicial de la Federación, en donde una de sus funciones es revisar la labor de los otros poderes del Estado, y en el caso del poder Legislativo cuando éste apruebe alguna reforma o ley que vulnere la Constitución y el Estado de Derecho.
Al respecto, es necesario reconocer a la Corte por una vez más proteger a nuestra Constitución y declarar la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado “Plan B” que contemplaba diversas reformas y leyes en materia electoral, y que fue propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, pero implicaba diversas violaciones al proceso legislativo, a los principios democráticos y al orden constitucional.
Desde Coparmex, como empresarios y como ciudadanos, reconocemos y confiamos en las y los ministros de la Corte, quienes evitaron violaciones a la Constitución y retrocesos en el sistema electoral y democrático mexicano, y, además, tomaron en cuenta el Amicus Curiae (amigo de la corte) que junto a Anade, Incam y otras organizaciones les entregamos.
En contraste, exhortamos a las y los legisladores a que respeten el orden constitucional y eviten reformar algo que además de ir en contra de nuestra Carta Magna, deberá ser revisado por la Corte implicando costos institucionales y riesgos para nuestro Estado de Derecho.
Y así como a los legisladores, hacemos un llamado al resto de ciudadanos y servidores públicos del país para que siempre actúen conforme a la Constitución.
Solo a través del respeto a la Constitución podremos tener un pleno Estado de Derecho y tomarla como base para construir un México justo, apegado a las leyes, próspero y en paz.
Nada ni nadie por encima de la Constitución.