Texcaltitlán, una historia de extorsión que no termina

Artículo de opinión escrito por Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la comisión nacional de seguridad y justicia de Coparmex| Vía @heraldodemexico

Twitter: @penunuri_jorge

Otro claro ejemplo de la impunidad ante el delito de la extorsión es el caso del Estado de Morelos, donde se ha reportado un incremento del 20 por ciento en la actividad criminal, afectando severamente a casi la totalidad de sectores económicos

En días pasados, fuimos testigos de los lamentables acontecimientos de los que eran víctimas los pobladores del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México. Estos, cansados de la extorsión a la que eran sometidos por parte de integrantes del cartel denominado “La Familia Michoacana”, decidieron hacer justicia por su propia mano, ante un gobierno que ha actuado bajo una política de abrazos, siendo el primer responsable de una terrible tragedia que aún no termina.

Lo anterior se debe a que, según la información proporcionada por los mismos pobladores, miembros de esa banda delictiva tomaron como rehenes a integrantes de la comunidad en represalia por los hechos acontecidos el pasado 8 de diciembre, donde fallecieron 14 personas (10 integrantes de la célula delictiva y 4 pobladores). La misma información que el Gobierno Estatal y la Fiscalía Local han descartado como un secuestro, aclarando que se trata de un número de 10 pobladores no localizados.

Otro claro ejemplo de la impunidad ante el delito de la extorsión es el caso del Estado de Morelos, donde se ha reportado un incremento del 20 por ciento en la actividad criminal, afectando severamente a casi la totalidad de sectores económicos. Estos van desde los más pequeños, como negocios de tortillerías, papelerías, recauderías, tiendas, etc., hasta empresas más grandes, afectando también a la ciudadanía en general.

En Morelos, la situación se complica aún más debido a la crisis que enfrenta el Fiscal General del Estado, quien ha sido acusado de delitos contra la procuración y administración de justicia. Él afirma ser un perseguido político, y a pesar de que el Pleno de la Cámara de Diputados votó a favor de desaforarlo, el Congreso Local decidió no compartir dicho criterio. En teoría, concluirá su periodo en el año 2027.

Los eventos de la semana pasada en Texcaltitlán marcan un serio precedente ante la falta de gobernabilidad en muchas localidades de nuestro país. Esto deja en evidencia que los ciudadanos, cansados y hartos de los altos índices de inseguridad, violencia y, sobre todo, impunidad, abren la posibilidad de que estos hechos sean replicados en otras entidades del país.

Recordemos que el Estado de México sigue siendo la entidad con mayores índices de casos de extorsión, con 24.5 por cada 100 mil habitantes, seguido de Colima con 17.7 y Baja California Sur con 15.8. De manera general, en lo que va de esta administración federal, se tienen 47,739 víctimas de extorsión, lo que equivale a un promedio de 26.6 extorsiones al día. Además, en muchas comunidades de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y en casi la totalidad de entidades, urge una atención adecuada por parte de las autoridades de seguridad y de las fiscalías en materia de prevención y sanción de ese delito para evitar que existan más casos como el de Texcaltitlán.

Como Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de COPARMEX, he realizado señalamientos puntuales ante un delito que afecta a ciudadanos de todas las clases sociales, al sector empresarial y, en ocasiones, a los gobiernos locales, estatales e incluso ha alcanzado al gobierno federal. Por lo tanto, me sumo al llamado del Presidente de la República del pasado 9 de diciembre en Guerrero, en el sentido de combatir la extorsión como una tarea que todos debemos llevar a cabo. La extorsión es solo la punta de lanza de una serie de acontecimientos que resultan en la pérdida de vidas.

Por ello, urge una estrategia clara y concreta de seguridad para México. En vísperas  de un cambio de gobierno, esta administración puede sentar las bases para el inicio de la atención efectiva del delito. En el caso de impulsar una legislación en materia de extorsión, en COPARMEX hemos trabajado con el Gobierno Federal y con diversos legisladores para reformar el artículo 73 Constitucional. Esto permitiría que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley general que aborde ese delito.

Por lo tanto, hacemos un llamado a los distintos Grupos Parlamentarios representativos en la Cámara de Diputados para que sometan al Pleno el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de extorsión. Seguiremos trabajando para colaborar en la construcción de un mejor país, con mejores policías, preparados y capacitados, con una vida digna, fiscalías especializadas y equipadas, y leyes justas y adecuadas.