2026 Marcará el rumbo de la inversión, el empleo formal y la certidumbre en México.

El 2026 se perfila como un año complejo para México, marcado por un crecimiento moderado, riesgos en seguridad, así como por el desafío de mantener el desarrollo respaldado por el empleo formal. Al mismo tiempo, el país enfrenta la oportunidad de recuperar la certidumbre jurídica y económica, fortalecer la inversión y aprovechar la integración regional y la relocalización productiva.

Desde COPARMEX analizamos este escenario con una visión de largo plazo. Las decisiones de este año definirán si el país consolida un entorno atractivo para la inversión o por el contrario, prolonga su bajo dinamismo. El crecimiento sostenible exige reglas claras, instituciones sólidas, seguridad efectiva y un compromiso firme con la formalidad y la productividad.

Las proyecciones de crecimiento para el país en 2026 anticipan un progreso moderado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estiman un crecimiento del PIB entre 1.2% y 1.5%, en línea con el Banco de México (Banxico) (1.1%), mientras que el Gobierno Federal proyecta 1.8%–2.8%, por encima del consenso técnico.

De acuerdo con la encuesta de expectativas de Banxico, se prevé inflación de 3.8%, crecimiento de 1.3% y un tipo de cambio de 19.6 a 19.8 pesos por dólar. Este panorama sugiere estabilidad relativa, aunque con bajo dinamismo, pero insuficiente para impulsar la generación de empleo y bienestar. El desafío principal no está en la estabilidad macroeconómica, sino en convertirla en confianza, inversión productiva y crecimiento sostenido.

A pesar del aumento del salario mínimo y de algunos avances en los ingresos, una gran proporción de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y pobreza laboral, sobre todo en la informalidad, lo que puede limitar el impacto social del crecimiento y profundizar desigualdades.

En este contexto, el Paquete Económico 2026 continúa con rezagos en inversión social; salud y educación requieren fortalecerse para asegurar igualdad de oportunidades y movilidad social ya que sin estos pilares los progresos en ingresos son frágiles. El desarrollo económico exige políticas públicas que fortalezcan el capital humano y faciliten el acceso a empleos formales, productivos y con prestaciones.

En 2026, México enfrentará un entorno laboral caracterizado por una menor expansión de su fuerza de trabajo y por una participación insuficiente de amplios segmentos de la población en edad de trabajar, particularmente las mujeres. La desaceleración de la Población Económicamente Activa, junto con una tasa de participación laboral nacional de apenas 59.5% y brechas de casi 30 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, anticipa un reto estructural: sostener la actividad económica con una base laboral limitada.

Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra una informalidad superior al 55%, lo que limita la recaudación y la seguridad social. La OIT plantea una estrategia integral de formalización, capacitación y empleo digno; sin ella, la informalidad podría mantenerse entre 54% y 56%. El empleo formal es la política social más eficaz; elevar la productividad y fortalecer a las MiPyMEs es clave para generar trabajo formal y mayores ingresos sostenibles.

México inicia 2026 con un entorno de inseguridad que sigue inhibiendo el crecimiento. Al cierre de 2025, la percepción de inseguridad permanece elevada, la extorsión alcanzó niveles históricos y los ajustes operativos debilitaron la capacidad del Estado para garantizar el Estado de Derecho.

De acuerdo con estimaciones, la inseguridad cuesta al país varios puntos del PIB al año. El Monitor de Seguridad de #DataCoparmex confirma que este delito, el único en aumento durante 2025, creció 4.4% frente al año previo y registró casi seis mil víctimas solo en el primer semestre. Con una cifra negra cercana al 97%, las estadísticas oficiales reflejan apenas una fracción del problema real. Sin un refuerzo institucional en seguridad y justicia, los costos empresariales aumentarán y la inversión productiva enfrentará mayores barreras.

Para 2026 se anticipa un entorno político de mayor incertidumbre. La discusión de reformas como la político-electoral, los cambios al diseño y uso de la revocación de mandato, la reforma judicial, junto con la eliminación de contrapesos institucionales y el debilitamiento del juicio de amparo, han erosionado la confianza en las instituciones democráticas y la certidumbre jurídica. Este contexto incrementa el riesgo para la inversión y afecta directamente la toma de decisiones económicas de largo plazo.

Adicionalmente, el crecimiento de la deuda y la presión fiscal reducen el margen de maniobra del Estado y exigen decisiones responsables para preservar la estabilidad macroeconómica. En este contexto, la certidumbre jurídica y el respeto al Estado de Derecho resultan indispensables para sostener la competitividad del país.

La revisión del TMEC será un punto determinante para el rumbo económico de 2026. Si bien este acuerdo continúa siendo el principal ancla de la economía mexicana, posibles ajustes en las reglas de origen y en los mecanismos laborales demandan una estrategia clara y coordinada entre gobierno y empresas. Preservar la certidumbre jurídica y comercial en el marco del tratado será esencial para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar la competitividad del país dentro de América del Norte.

Por su parte, el fenómeno del nearshoring ofrece una oportunidad real de inversión y diversificación productiva, pero su aprovechamiento pleno depende de cerrar rezagos en infraestructura, certidumbre regulatoria y seguridad jurídica, claves para consolidar la integración regional y atraer cadenas globales.

Entre los principales riesgos identificamos el bajo crecimiento económico, la inseguridad persistente, el debilitamiento institucional, las presiones fiscales y posibles tensiones derivadas de la revisión del TMEC. A la par, existen oportunidades relevantes en la relocalización productiva, el nearshoring y la integración regional, siempre que se fortalezcan las condiciones de certidumbre, infraestructura y estabilidad macroeconómica.

En COPARMEX sostenemos que México aún tiene margen para atraer inversión, diversificar su economía y elevar el bienestar social. Para convertir las perspectivas en resultados concretos, consideramos indispensable avanzar en una agenda clara y coherente en seis ejes prioritarios:

• Certidumbre jurídica y Estado de Derecho: reglas claras, estables y previsibles; fortalecimiento institucional y respeto a contratos, inversiones y a la legalidad como condición indispensable para invertir a largo plazo.
• Seguridad para personas y empresas: combate frontal a la extorsión y a los delitos que afectan la actividad productiva, así como fortalecimiento de policías y fiscalías para garantizar condiciones mínimas de operación.
• Energía suficiente, confiable y competitiva: acceso oportuno a electricidad y gas a precios competitivos que permita detonar la inversión productiva, el nearshoring y el desarrollo industrial.
• Finanzas públicas responsables y presupuesto pro-crecimiento: priorizar inversión pública productiva en seguridad, infraestructura, salud y educación que detone la inversión privada, preservando el equilibrio fiscal y un nivel de endeudamiento prudente.
• MiPyMEs como eje del crecimiento: impulsar productividad, formalidad, financiamiento y adopción tecnológica para fortalecer el empleo formal y el mercado interno, junto con una simplificación regulatoria efectiva en los tres órdenes de gobierno. La sobrerregulación y las cargas administrativas encarecen la actividad productiva y terminan incentivando la informalidad.
• Competitividad e integración regional: fortalecer la integración de Norteamérica, la unidad entre sectores para la revisión del TMEC, el cumplimiento de compromisos internacionales y el envío de señales claras de apertura y confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.

Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar las decisiones y acuerdos que fortalezcan la competitividad del país, así como de señalar con claridad los riesgos de políticas públicas que debiliten las instituciones o inhiban la inversión productiva. Seguiremos impulsando el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción de propuestas y acuerdos que permitan sentar bases sólidas para el crecimiento económico con empleo formal y desarrollo social en México.