Coparmex y la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco, presentaron un amicus curiae en defensa de un poder judicial autónomo y libre de intereses políticos

• Reafirmamos nuestro compromiso con un México con justicia imparcial y derechos garantizados. 
• Nos preocupa profundamente la complejidad y riesgos de una reorganización apresurada del Poder Judicial, resaltando el impacto negativo de cambios sin preparación adecuada en la resolución de casos.
• Subrayamos que fortalecer los poderes judiciales estatales, policiales y fiscales es vital para un acceso ágil a la justicia en México.

El día de ayer, miércoles 30 de octubre, presentamos un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco, reafirmando nuestra misión de proteger los principios fundamentales de la Constitución y el estado de derecho en México. Este documento jurídico, dirigido a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro instructor de la controversia constitucional 286/2024 y de las acciones de inconstitucionalidad y consultas relacionadas, expone los riesgos que plantea la reciente reforma al Poder Judicial Federal publicada en septiembre de 2024.

Para quienes integramos la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la independencia del Poder Judicial es un pilar esencial de nuestra democracia y la salvaguarda de los derechos ciudadanos. En nuestro Amicus Curiae aportamos una visión integral y fundamentada sobre los efectos negativos de esta reforma, señalando cómo se pone en riesgo la imparcialidad judicial y la protección de los mismos. La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros compromete la autonomía judicial al someterla a influencias políticas y electorales, lo que generaría un sistema de justicia parcial y dependiente de intereses ajenos al bien común.

Aunado a lo anterior, la falta de experiencia o conocimiento en materia judicial de las personas que resulten elegidas, disminuirá, sin lugar a dudas, la calidad de las resoluciones de los asuntos que se pongan a su consideración, sometiendo tales deficiencias ante los tribunales de alzada y quizá llegando cada vez más asuntos a consideración del Pleno de la Corte ante notables faltas de forma o de fondo, incrementando aún más el tiempo para el acceso de la justicia; asimismo, nos preocupa que en ninguna parte de la reforma se considera incrementar oficinas de juzgados o dotar de una suficiencia presupuestal necesaria para la formación, capacitación y especialización.

Como lo hemos venido señalando reiteradamente en diversos comunicados, consideramos que los efectos de esta reforma impactan directamente en la seguridad jurídica que México necesita para atraer inversiones y promover un desarrollo económico estable. Un Poder Judicial politizado generaría incertidumbre legal, desincentivando a quienes buscan invertir en el país. En el contexto actual de nearshoring, los inversionistas requieren confianza y estabilidad, y es nuestra responsabilidad asegurar un entorno confiable para la generación de empleos y el crecimiento nacional.

Además, subrayamos en nuestro Amicus Curiae que México está comprometido con tratados internacionales, como el T-MEC, los cuales exigen un sistema judicial autónomo para garantizar una resolución justa e imparcial en conflictos comerciales y la protección de los derechos humanos. De persistir la politización del Poder Judicial, el país podría enfrentarse a sanciones comerciales, afectando su competitividad y su posición como un destino confiable para el comercio global.

En COPARMEX creemos que fortalecer el Poder Judicial no significa intervenir en su autonomía, sino apoyar la implementación de procesos disciplinarios imparciales y basados en la meritocracia. La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial por voto popular, como plantea la reforma, introduce riesgos de parcialidad que podrían debilitar la administración de justicia. 

Insistimos enérgicamente que un Poder Judicial libre de presiones externas es clave para un México próspero y equitativo. Con este Amicus Curiae, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al marco constitucional y el estado de derecho, pilares fundamentales para un entorno de desarrollo social y económico sostenido, donde los derechos y la seguridad jurídica de cada ciudadano estén plenamente garantizados.

Confiamos en que la Suprema Corte considerará los principios fundamentales expuestos en nuestro Amicus Curiae al analizar esta reforma. Invitamos a la sociedad y a todas las instituciones a unirse a la defensa de un sistema judicial autónomo, esencial para preservar el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales que sostienen nuestra democracia y el progreso de nuestro país.

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