Por qué continuar marchando el 8 de marzo

Artículo de Opinión escrito por Lorena Jiménez Salcedo , Presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Social | Vía: @Forbes_Mexico

Seguimos marchando porque, a pesar de algunos avances logrados en las últimas décadas, la violencia de género y la desigualdad persisten en México.

Cada 8 de marzo, miles de mujeres en México toman las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y este 2025 no ha sido la excepción. La fecha simboliza la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, pero las marchas no solo buscan recordar a las víctimas de violencia en el país, sino también generar reflexión sobre si las demandas y reivindicaciones que hemos impulsado desde hace tiempo están realmente transformando la realidad de millones de mujeres.

Seguimos marchando porque, a pesar de algunos avances logrados en las últimas décadas, la violencia de género y la desigualdad persisten en México. Según datos de la ONU, cada día seis mujeres son asesinadas en el país, pero otros monitoreos elevan la cifra a 8 o 9 feminicidios diarios.

Las marchas del 8 de marzo son un recordatorio de que la lucha por una vida libre de violencia y discriminación continúa y de que es necesario mantener la presión social para lograr cambios de fondo que erradiquen los factores estructurales que siguen afectándonos como mujeres y como sociedad.

Reconocemos las movilizaciones del 8M como un pilar fundamental para visibilizar la violencia de género, honrar la memoria de las mujeres violentadas y reflexionar sobre la agenda pendiente que tenemos como sociedad. Hemos dado la bienvenida a ese cambio en la empatía social, en la urgencia de crear un violentómetro que genere conciencia, y en la proliferación de talleres, cursos, noticias y fallos judiciales que reiteran la vigencia de una problemática ampliamente documentada pero aún no resuelta. Por eso, en 2019, aplaudimos la instalación de la “Antimonumenta” frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, un símbolo de memoria colectiva, de justicia para las víctimas de feminicidio y de exigencia a las autoridades para aplicar no solo mayores castigos, sino estrategias más eficaces.

Hemos visto la creación de la Secretaría de las Mujeres, el desarrollo de programas de inclusión social, empresarial y deportiva, así como un sinfín de iniciativas legislativas enfocadas en incrementar las penas a los agresores.

Pero la marcha no se detiene en la violencia sistémica contra las mujeres; también plantea y exige una agenda integral de igualdad y equidad. Reclamamos acciones más enérgicas para cerrar la brecha salarial y, además, una reflexión profunda sobre el sistema nacional de cuidados, que sigue condenando a muchas mujeres a la pobreza al obligarlas a asumir, sin apoyo, la responsabilidad del hogar y el cuidado de sus familias.

La agenda es amplia y sigue vigente como resultado de avances insuficientes:

La violencia de género, origen de esta lucha, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios en el país se ha duplicado. Además, diversos estudios académicos y diagnósticos de organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), han documentado que la violencia en sus distintas formas —física, sexual, psicológica y económica— sigue presente en niveles alarmantes.

El panorama es aún más complejo con la expansión de la violencia digital. Organizaciones como la Colectiva Luchadoras han señalado que las agresiones en línea han ido en aumento, afectando la integridad y seguridad de las mujeres en los espacios virtuales. Estas agresiones incluyen acoso, difusión no consentida de contenido íntimo y amenazas, lo que refuerza la urgencia de abordar la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Otro desafío crítico es la brecha salarial y laboral persistente. De acuerdo con datos del INEGI, los hombres ganan en promedio un 15 % más por hora trabajada que las mujeres en puestos equivalentes. Además, las oportunidades de ascenso siguen estando mayoritariamente reservadas para los colaboradores masculinos. Como resultado, México ocupa la posición 119 en el ranking global de brecha de género del Foro Económico Mundial en el rubro de oportunidades y participación económica de las mujeres.

El problema se agrava cuando reconocemos, junto con el IMCO, que al menos 1 de cada 3 mexicanas no tiene autonomía económica ni genera ingresos propios, lo que limita su independencia y calidad de vida y compromete el desarrollo económico del país.

La administración de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de consolidar políticas públicas con perspectiva de género. La creación de la Secretaría de las Mujeres es un primer paso, pero es fundamental asignarle recursos suficientes y diseñar programas efectivos con evaluación de resultados. Además, es imprescindible complementar estas acciones con un paquete de reformas legislativas que garanticen la igualdad sustantiva y fortalezcan los mecanismos de protección para las mujeres.

Los gobiernos estatales también deben asumir su corresponsabilidad y armonizar sus legislaciones con los estándares federales en materia de igualdad de género. Deben garantizar la aplicación efectiva de políticas públicas y destinar recursos suficientes para la prevención y atención de la violencia de género. La capacitación de funcionarios y la sensibilización de la sociedad son claves para erradicar prácticas machistas y discriminatorias en todos los niveles.

Mientras eso sucede, nosotras seguiremos marchando. Porque somos el motor de un cambio social irreversible y no daremos ni un paso atrás. #OpiniónCoparmex