El sistema judicial como cimiento de nuestra confianza institucional.

Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX X: @cchicaza

La historia de las naciones se mide por la capacidad de reconocer los errores y corregir el rumbo antes de que el daño sea irreversible. Durante meses, en COPARMEX advertimos que someter la impartición de justicia a las urnas era un experimento arriesgado que amenazaba con erosionar la columna vertebral de nuestra democracia: el Estado de Derechos. 

Actualmente, el anuncio de postergar la elección judicial hasta 2028 es un respiro necesario. Es, ante todo, un ejercicio de pragmatismo que pone en pausa un proceso que, por su propia naturaleza, amenazaba con desestabilizar la confianza institucional y la certeza jurídica que México requiere con urgencia.

La decisión de aplazar los comicios judiciales es la oportunidad de no seguir avanzando hacia el precipicio. La elección celebrada en 2025 dejó lecciones amargas: una participación ciudadana mínima, una complejidad logística que paralizó las capacidades operativas y, sobre todo, la evidencia de que el mérito profesional estaba siendo desplazado por la visibilidad política. Para los Empresarios y para cualquier ciudadano que busca justicia, un juez debe ser un experto cuya única lealtad sea la ley.

Sin embargo, si el propósito de este aplazamiento es realmente fortalecer el sistema, debemos elevar la vara. La creación de una Comisión Coordinadora debe ser mucho más que una fachada administrativa; debe convertirse en un filtro férreo donde la capacidad técnica, la trayectoria ética y la especialización sean los únicos requisitos de entrada. 

México necesita juristas insobornables. Necesitamos garantizar que la toga sea el reconocimiento a una vida dedicada al estudio y la aplicación rigurosa de nuestra Constitución.

Simplificar las boletas y reducir el número de candidaturas es, sin duda, un ajuste técnico necesario, pero no es la solución de fondo. La verdadera legitimidad de un sistema judicial emana de la solidez de sus sentencias y la autonomía de sus decisiones. 

La justicia que se negocia o que se somete a la opinión pública es, en esencia, justicia en venta. Por ello, insistiremos en que el proceso de selección privilegie el mérito académico y la carrera jurídica por encima de cualquier otro criterio.

Estamos en un momento de definición. Este periodo hasta 2028 debe ser utilizado para un diálogo nacional que involucre a académicos, litigantes, organismos empresariales y sociedad civil. México requiere un sistema judicial que actúe como un contrapeso real y una garantía de paz social. Un Estado de Derechos sólido es aquel que protege la libertad y la propiedad privada frente a cualquier arbitrariedad.

La construcción de un sistema de justicia confiable y autónomo será la prueba final. En este camino, México demanda visión de Estado y un compromiso inquebrantable con la legalidad. 

Que este tiempo sirva para entender que la justicia es el cimiento de nuestra casa, y como tal, no puede estar sujeta a los vaivenes de una campaña electoral. Es momento de blindar el derecho, de proteger la carrera judicial y de demostrar que, por encima de las siglas y las agendas políticas, está el futuro de nuestra nación.