Reconstruir la confianza: pilar de la estabilidad y del bienestar social

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior

X: @Armando_ZunigaS

La confianza empresarial es un pilar sobre el cual se construyen las decisiones de inversión y crecimiento económico. Sin ella, la actividad productiva se debilita, la inversión se retrae y el desarrollo se estanca. En México, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha mostrado una preocupante tendencia a la baja desde su punto máximo en julio de 2023.

Al cierre de mayo perdió 5.8 puntos porcentuales para ubicarse 48.8 puntos, ya tres meses debajo de los 50 puntos, la línea que marca la diferencia entre el optimismo y el pesimismo. Su deterioro es particularmente profundo en la percepción del momento adecuado para invertir, apenas de 23.4, 26.9, 31.7 y 38.6 puntos en la construcción, el comercio, los servicios y las manufacturas, respectivamente.

No es un asunto menor. Existe una relación directa entre este índice y la inversión. Hemos estimado una correlación entre la confianza empresarial y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) de cerca del 80%. Esto significa que cuando la percepción empresarial se debilita, la inversión privada tiende a seguir la misma tendencia.

Por otro lado, la inversión privada no solo es sensible a los ciclos económicos, también lo es, y cada vez más, al clima institucional y político. La caída sostenida de la inversión en los últimos siete meses debe leerse en ese contexto: la falta de confianza.

Aquí entra en juego, sin duda, uno de los factores que más impacto tienen en la percepción empresarial: la certeza jurídica. La reciente reforma al Poder Judicial, con la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ha sacudido los cimientos institucionales del país. Lejos de resolver los problemas reales del sistema, la reforma ha encendido alertas en múltiples frentes: la independencia judicial, la idoneidad de los perfiles, la imparcialidad en la resolución de controversias y, por ende, la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

En teoría, todo cambio institucional debería aspirar a fortalecer el Estado de derecho. Pero cuando el resultado es la incertidumbre, el efecto es contrario: la inversión se frena, se pospone o se desplaza.

La elección judicial celebrada el pasado 1 de junio fue, en ese sentido, el espejo de un modelo que nació con una lógica de poder, sin diagnóstico técnico y sin estudios a fondo. Solo el 13% de los ciudadanos participó en la votación, una cifra baja incluso para estándares intermedios. De esos votos, más del 20% fueron anulados o dejaron los recuadros en blanco. La voz ciudadana se expresó, pero no a favor del nuevo modelo, sino con desinterés o rechazo. No se puede construir un sistema judicial fuerte sobre los cimientos de la improvisación política.

La erosión de la confianza no es gratuita ni repentina. La incertidumbre jurídica, como se ha demostrado en múltiples estudios globales, es uno de los principales inhibidores de la inversión. Cuando las reglas cambian, cuando no hay claridad en la aplicación del derecho, cuando se sospecha que los jueces podrían estar sujetos a intereses ajenos a la ley, el capital simplemente no llega.

Reconstruir la confianza requerirá más que llamados al optimismo. Implica acciones concretas para devolver a México un entorno jurídico confiable. La experiencia internacional muestra que los países con altas tasas de recuperación económica son aquellos que han mantenido estabilidad política, marcos regulatorios claros y poderes judiciales autónomos.

En el caso mexicano, el camino más inmediato es retomar el debate judicial desde una perspectiva técnica y plural. Se necesita una nueva hoja de ruta que parta de un diagnóstico serio, que incorpore la experiencia de jueces, abogados, organizaciones sociales, académicos y actores económicos. La reforma debe ir orientada a garantizar imparcialidad, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia.

Los empresarios tenemos un papel clave en este proceso. No solo como usuarios potenciales de un sistema judicial, sino como actores comprometidos con la legalidad, la transparencia y el desarrollo. El sector privado debe impulsar una agenda constructiva para reestablecer los pilares del Estado de derecho.

México se encuentra en una paradoja: por un lado, el entorno global ofrece oportunidades únicas para atraer inversión, pero por otro, la debilitada institucionalidad judicial aleja a quienes debieran vernos como un destino confiable. Reconstruir la confianza es una tarea urgente. Porque de ella depende no solo la estabilidad económica, sino la sostenibilidad en la mejora de las condiciones de vida de la población. El deterioro de los indicadores económicos y de las finanzas públicas que hemos venido analizando en las últimas semanas en este espacio, es un llamado a la cordura y a la corrección del rumbo.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) asumimos el compromiso de actuar con responsabilidad y visión de futuro. Impulsaremos una propuesta integral de reforma judicial, mantendremos un ejercicio permanente de observación del desempeño del nuevo modelo judicial y promoveremos activamente el diálogo con los poderes públicos y con la sociedad para reconstruir el andamiaje institucional que garantice certeza jurídica, profesionalismo en la impartición de justicia y un entorno confiable para la inversión.