El primer informe y los desafíos de México. Un modelo a prueba.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior

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El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum mostró avances en reducción de pobreza, inversión extranjera y seguridad, pero también dejó dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico y la confianza empresarial. COPARMEX advierte que México requiere fortalecer el Estado de Derecho, impulsar inversión privada y pública, diversificar mercados y garantizar seguridad, salud y educación de calidad para lograr un desarrollo sostenible.

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum representa un momento clave para evaluar el rumbo del país. Más allá del tono celebratorio que caracteriza este tipo de ejercicios, es necesario un análisis ponderado que reconozca avances, señale riesgos y proponga rutas de acción ante algunos síntomas de agotamiento que ya muestra el modelo.

El mensaje presidencial destacó logros relevantes, como la reducción de los niveles de pobreza, registrados durante el sexenio anterior, el récord en inversión extranjera directa, los ingresos por turismo, la estabilidad cambiaria y avances importantes en indicadores de seguridad pública. Sin embargo, también dejó abiertas, diversas dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico, la certidumbre jurídica y la capacidad institucional para enfrentar los desafíos estructurales del país.

Uno de los puntos más relevantes fue el llamado al sector empresarial a sumarse al Plan México con más inversión. Asunto clave para detonar el crecimiento potencial de nuestro país. Pero esta no se logra por decreto, requiere condiciones propicias, seguridad, infraestructura, reglas claras y respeto al Estado de Derecho. La confianza empresarial, hoy en retroceso, es condición indispensable para detonar la inversión. Reconstruirla exige incentivos fiscales adecuados, una política energética clara y reglas previsibles que den certidumbre a quienes apuestan por el país.

El crecimiento proyectado de apenas 1.2 % y la caída en inversión pública hacia 2030 evidencian un modelo que requiere ajustes de fondo. Además, la debilidad de las finanzas públicas compromete la sostenibilidad, mientras que el ritmo de creación de empleo formal y los márgenes de crecimiento del ingreso laboral se han reducido.

La consolidación fiscal sigue siendo un objetivo necesario, pero exige una revisión integral de las finanzas públicas. No se trata solo de contener el gasto, sino de reordenarlo estratégicamente para liberar recursos hacia la inversión pública en infraestructura, salud y servicios esenciales. Sin una política fiscal que combine disciplina con visión de desarrollo, será difícil sostener el modelo y responder a las demandas sociales con eficacia.

La seguridad, aunque muestra avances en indicadores muy importantes como el homicidio doloso o el robo en sus diversas modalidades, sigue siendo una preocupación central. Extorsión y desapariciones persisten como desafíos críticos para la sociedad.

El empresariado contrasta el discurso institucional con la persistencia de la gobernanza criminal en rutas logísticas y territorios productivos. La nueva estrategia contra la extorsión es positiva, pero debe traducirse en resultados concretos. La recuperación de zonas bajo control criminal es condición para la operación empresarial y la tranquilidad de las familias.

En el plano internacional, si bien se reconoce el manejo eficaz de la relación con Estados Unidos, persiste la incertidumbre comercial. La próxima revisión del tratado exige una estrategia clara que distinga entre migración laboral legítima y crimen organizado, y que permita diversificar mercados más allá de Norteamérica. Consolidar la integración regional requiere pragmatismo competitivo y diplomacia empresarial activa.

Aunque el informe proyecta una imagen de país ideal, persisten rezagos estructurales que no pueden ignorarse como calidad educativa, acceso efectivo a la salud, informalidad laboral, debilidad institucional y la pesada carga financiera de Pemex. Son factores que limitan el potencial de desarrollo y exigen atención urgente y seguimiento puntual.

La reducción de la pobreza es un avance, pero sin empleo formal, productividad y competitividad sostenida, el modelo difícilmente será viable en el mediano plazo.

Desde COPARMEX planteamos una agenda concreta: fortalecer el Estado de Derecho mediante una evaluación judicial independiente, reglas transparentes y respeto a los órganos constitucionales; garantizar seguridad y paz social con más recursos para policías y fiscalías y combatir la corrupción con sanciones efectivas y transparencia en todos los niveles.

También proponemos impulsar la inversión en salud y educación con enfoque en calidad, replantear la reforma electoral con consensos amplios, e institucionalizar el Diálogo Social como vehículo para construir políticas públicas que generen empleo formal, eleven la productividad y promuevan un desarrollo para todos. El fortalecimiento del diálogo tripartito entre gobierno, empresas y trabajadores es clave para alcanzar acuerdos duraderos y garantizar estabilidad.

El informe presidencial debe marcar el inicio de una corresponsabilidad efectiva. México necesita menos polarización y más cooperación estratégica para construir un entorno confiable, competitivo y justo, capaz de responder a los desafíos estructurales y aprovechar las oportunidades globales.