Reducir violencia es también política económica.

Artículo de opinion escreito por Gustavo Almaraz Petrie, Presidente del Comité de Estrategia Pública de COPARMEX | Via: @SinEmbargoMX.

X:@gustavoalmarazp

La violencia en México atraviesa una etapa en la que ya no solo genera daños visibles, sino transformaciones profundas en la vida social y productiva del país. La inseguridad dejó de ser un asunto exclusivo de seguridad pública para convertirse en un factor que condiciona decisiones económicas, tales como abrir un negocio, mantener una inversión, conservar empleos o incluso permanecer en una comunidad. La política económica no puede pensarse sin tomar en cuenta el territorio y las condiciones en las que ocurre la actividad productiva.

En este contexto, la extorsión se ha consolidado como uno de los fenómenos más disruptivos. Su impacto es silencioso, pero estructural, ya que afecta a pequeños comercios, transportistas, productores, servicios locales y cadenas de proveeduría. Más que un simple acto delictivo, opera como un mecanismo que determina quién puede trabajar, bajo qué condiciones y a qué costo. La consecuencia no es solo financiera, también es social.

Las MiPyMes son las más vulnerables a esta presión. Representan la mayor parte del empleo formal e informal en el país, pero carecen de los márgenes financieros y legales para enfrentar amenazas o suspender operaciones. Cada cierre implica pérdida de empleos, deterioro del entorno y sustitución de la actividad económica por dinámicas criminales. Cuando el costo de operar se define por la amenaza y no por la productividad, el desarrollo deja de ser posible.

Atender este problema no se reduce a aumentar capacidades policiales; requiere una política pública integral. Implica fortalecer la presencia institucional, mejorar las condiciones de denuncia, generar mecanismos de protección a víctimas, desmantelar redes criminales y construir herramientas legales y administrativas que permitan actuar de forma coordinada entre niveles de gobierno. También demanda una agenda económica que reconozca que la seguridad es una condición habilitante para la inversión, la innovación y la movilidad social.

En ese esfuerzo, los gobiernos estatales y municipales deben asumir una responsabilidad mucho mayor. Ninguna estrategia nacional funcionará si en el territorio persisten cuerpos policiales insuficientes, poco profesionalizados o vulnerables a la captura local. La seguridad se construye desde lo local y solo con autoridades presentes, confiables y coordinadas puede recuperarse el espacio público.

México ya cuenta con experiencias valiosas que pueden servir de referencia, tales como iniciativas de prevención local, protocolos empresariales, ejercicios de transparencia, articulación entre autoridades y sociedad civil, así como proyectos de reconstrucción institucional en ciudades fronterizas. No son soluciones definitivas, pero muestran que las dinámicas pueden revertirse cuando existe estrategia, cooperación y continuidad.

El fortalecimiento del marco normativo puede ser un componente clave si permite homologar definiciones, cerrar vacíos legales y dar herramientas más claras a autoridades y fiscalías. No se trata únicamente de castigar, sino de construir certidumbre institucional para que ciudadanos y empresas puedan operar.

Sin embargo, es importante reconocer que el aumento de penas por sí solo no resolverá la crisis. La experiencia demuestra que endurecer castigos sin mejorar capacidades de investigación, sin fortalecer instituciones locales y sin reducir la impunidad solo incrementa la distancia entre la ley y la realidad. Una política integral requiere prevención, inteligencia, protección a víctimas y presencia institucional sostenida, no únicamente reformas penales.

El país cuenta con sector privado organizado, instituciones comprometidas y sociedad civil activa. El desafío es integrar estos esfuerzos bajo una visión compartida y sostenida en el tiempo, que trascienda coyunturas políticas y permita que los avances perduren.

La reconstrucción de la seguridad requiere que cada nivel de gobierno asuma su papel y que las soluciones vayan más allá de cambios punitivos. Sin instituciones locales fuertes y sin una estrategia integral, cualquier reforma legal quedará corta frente a la magnitud del problema.

Reducir la violencia no solo es responsabilidad de las áreas de seguridad; es también política económica. Porque sin seguridad territorial no hay inversión, crecimiento incluyente ni confianza. El fortalecimiento y desarrollo del país no significa únicamente un mejor desempeño en indicadores, sino habilitar condiciones para que la vida económica y social pueda desarrollarse en libertad.