La tormenta perfecta para las MIPYMES mexicanas.

Artículo de Opinión escrito por: Jorge Luis Camacho Ortega, Presidente del Comité de Membresía, Afiliación y Participación de COPARMEX Nacional | Vía: @ElIndpendiente

México es un país de pequeñas empresas. El 99.8% de las unidades económicas son micro, pequeñas o medianas empresas. Sin embargo, la mayor parte del valor agregado de la economía sigue concentrándose en las grandes compañías, que solamente representan el 0.2% del total.

En este contexto, la relevancia de las MiPyMEs es fundamental: generan el 70% del empleo y contribuyen con el 52% del valor agregado empresarial. Por otro lado, las grandes empresas aportan el 30% del empleo y el 48% del valor agregado empresarial.

Esta brecha revela una de las principales debilidades estructurales de la economía mexicana: una gran cantidad de empresas pequeñas con baja productividad. Una gran empresa es de 5 a 8 veces más productiva que una MiPyME, y en gran medida esto se debe a factores como el acceso al financiamiento, la incorporación de tecnología, la capacitación del capital humano y la integración a cadenas globales de valor.

Esta brecha histórica ha representado un desafío para el desarrollo y crecimiento de las MiPyMEs. Sin embargo, hoy el desafío es aún mayor por las condiciones que vive nuestro país, afectado por tensiones y eventos geopolíticos globales, por presiones de nuestro vecino del norte y por problemas estructurales internos como la creciente inseguridad, el debilitamiento del Estado de derecho, el estancamiento económico y la consecuente incertidumbre. Este conjunto de factores está creando las condiciones para una verdadera tormenta para las MiPyMEs mexicanas.

El entorno internacional es cada vez más incierto. La prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania, el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos-Israel y la creciente competencia geoeconómica entre las grandes potencias han generado volatilidad en los mercados energéticos y en las cadenas globales de suministro. Cada incremento en el precio del petróleo, cada interrupción logística o cada presión inflacionaria termina trasladándose a los costos de producción.

Para las grandes empresas, estos eventos pueden amortiguarse mediante economías de escala, coberturas financieras o redes globales de proveedores. Pero para las MiPyMEs estos cambios se traducen directamente en mayores costos operativos que, de no poder trasladarse al consumidor, se convierten en pérdidas que muchas no pueden sostener. El cierre de aproximadamente 31,000 empresas el año pasado refleja la fragilidad del sistema empresarial.

A esta incertidumbre internacional se suma el complejo contexto interno ya mencionado, que incrementa las percepciones de riesgo en la toma de decisiones empresariales, particularmente en materia de inversión.

Las MiPyMEs son especialmente vulnerables a este tipo de incertidumbre. A diferencia de las grandes corporaciones —que cuentan con departamentos legales, financieros y de planeación estratégica—, las pequeñas empresas suelen operar con márgenes estrechos y menor capacidad para anticipar cambios regulatorios o absorber costos inesperados.

Pero quizás uno de los factores que más afectan al ecosistema empresarial mexicano, y particularmente a las empresas pequeñas, es la inseguridad.

La inseguridad va más allá de ser un problema social y de seguridad pública; constituye también un costo económico directo. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, millones de unidades económicas en México sufren cada año algún tipo de delito, incluyendo robo, fraude y, de manera alarmante, la extorsión. Las pérdidas asociadas a estos delitos representan decenas de miles de millones de pesos anuales para las empresas.

En muchas regiones del país, la inseguridad ha obligado a empresas pequeñas a modificar sus horarios de operación, limitar rutas de distribución, reducir inventarios o incluso cerrar sus negocios.

El resultado es una economía dual: por un lado, un sector moderno y altamente productivo, integrado a cadenas globales de valor; por el otro, un amplio universo de empresas pequeñas que operan con baja productividad y alta vulnerabilidad.

Frente a este panorama, es fundamental generar políticas de fortalecimiento de las MiPyMEs que vayan más allá de programas de apoyo o incentivos de corto plazo. El verdadero desafío consiste en elevar su productividad y su capacidad de crecimiento.

Esto implica mejorar el acceso al financiamiento productivo, promover la digitalización empresarial, fortalecer la capacitación y el desarrollo del capital humano —en particular de los dueños de los negocios— y facilitar la integración de las empresas pequeñas a cadenas de valor industriales y comerciales.

México tiene una oportunidad relevante en el contexto de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y del fenómeno conocido como nearshoring. Sin embargo, para aprovechar plenamente esta oportunidad será necesario que un mayor número de empresas mexicanas pueda integrarse a estas dinámicas productivas.

Si las MiPyMEs logran dar ese salto en productividad e integración económica, el país fortalecerá su tejido empresarial y social, impulsando un crecimiento más sólido y sostenido.

De lo contrario, la economía mexicana corre el riesgo de mantener una estructura en la que predomina una gran mayoría de pequeñas empresas vulnerables y poco productivas, con el consecuente incremento de la economía informal que se ha venido registrando desde el sexenio anterior.

En un mundo cada vez más incierto, el futuro de la economía mexicana dependerá, en gran medida, de la capacidad del país para cerrar esa brecha. De no ser así, se avecina una tormenta para el empresariado mexicano, con sus consecuentes efectos económicos y sociales. #OpiniónCoparmex