Cuando las reformas no nacen del consenso, México pierde confianza.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX X:@jsierraalvarez

Existen reformas que amplían derechos y reformas que, en lugar de resolver problemas, abren dudas. La Reforma Electoral pertenece a ese segundo grupo. México no necesita una nueva batalla sobre las reglas del juego democrático; necesita preservar lo que durante décadas costó construir con acuerdos, participación ciudadana y contrapesos reales.

Por eso, en Coparmex decimos que la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral. Lo que el país requiere ahora es estabilidad, no una nueva fuente de polarización.

La historia electoral mexicana demuestra que los progresos más valiosos nacieron de consensos amplios. Desde los años noventa, la autonomía de las autoridades electorales, la pluralidad y la fiscalización se consolidaron como conquistas ciudadanas que dieron estabilidad política y alternancia pacífica. Ese proceso no fue perfecto, pero sí eficaz. Hoy no existen condiciones para mover las bases del sistema democrático sin arriesgar su legitimidad.

La razón de fondo también es económica. México enfrenta una desaceleración que no admite distracciones. La inversión fija bruta cayó -1.6 por ciento anual en diciembre de 2025 y acumuló 16 meses consecutivos a la baja. Al mismo tiempo, la encuesta Data Coparmex 2025 mostró que sólo 39.5 por ciento de las empresas considera que es un buen momento para invertir, un nivel que recuerda los meses más duros de la pandemia. En este contexto, aprobar el Plan B de la reforma electoral sería un error de alto costo para el empleo, la inversión y la confianza de quienes producen en el país.

Lo vimos también en nuestra gira de trabajo en Washington, realizada del 17 al 20 de marzo. La voz del sector privado mexicano fue escuchada con claridad: además de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que frenan la inversión nacional y extranjera.

Esa interlocución confirma que México compite por capital en un entorno exigente y que nuestra principal fortaleza está en ofrecer certeza, energía suficiente, seguridad para operar y un marco jurídico que no cambie al vaivén de la coyuntura. Si queremos aprovechar la revisión del T-MEC y el nearshoring, debemos mandar señales de confianza, no de inestabilidad.

La Reforma Electoral, además, no puede verse de forma aislada. El llamado Plan B no corrige los problemas estructurales del país; apenas suma más incertidumbre a un momento ya cargado de tensiones. En Coparmex hemos sido consistentes en la conversación con los legisladores y con nuestros Centros Empresariales: este no es el momento para alterar las reglas electorales.

Nadie ha pedido una reforma de este tipo para resolver la seguridad, la justicia o la falta de inversión. Nadie puede sostener seriamente que debilitar el andamiaje institucional mejore la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Por eso insistimos en cinco principios que deben preservarse en un Estado democrático: Primero, la autonomía real de las autoridades electorales. Segundo, la pluralidad que refleje la diversidad del país. Tercero, una fiscalización sólida y efectiva. Cuarto, la inclusión de minorías y nuevas fuerzas. Quinto, certeza jurídica con reglas claras, estables y previsibles. Esos pilares son la base de la confianza pública y de la estabilidad democrática.

México necesita concentrar sus energías en lo que verdaderamente define su porvenir: seguridad, inversión, empleo formal y un Estado de Derechos que proteja la libertad y la certeza para quienes arriesgan su capital.

Lo vimos también en nuestra gira de trabajo en Washington, realizada del 17 al 20 de marzo. La voz del sector privado mexicano fue escuchada con claridad: además de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que frenan la inversión nacional y extranjera.

Esa interlocución confirma que México compite por capital en un entorno exigente y que nuestra principal fortaleza está en ofrecer certeza, energía suficiente, seguridad para operar y un marco jurídico que no cambie al vaivén de la coyuntura. Si queremos aprovechar la revisión del T-MEC y el nearshoring, debemos mandar señales de confianza, no de inestabilidad.

La Reforma Electoral, además, no puede verse de forma aislada. El llamado Plan B no corrige los problemas estructurales del país; apenas suma más incertidumbre a un momento ya cargado de tensiones. En Coparmex hemos sido consistentes en la conversación con los legisladores y con nuestros Centros Empresariales: este no es el momento para alterar las reglas electorales.

Nadie ha pedido una reforma de este tipo para resolver la seguridad, la justicia o la falta de inversión. Nadie puede sostener seriamente que debilitar el andamiaje institucional mejore la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Por eso insistimos en cinco principios que deben preservarse en un Estado democrático: Primero, la autonomía real de las autoridades electorales. Segundo, la pluralidad que refleje la diversidad del país. Tercero, una fiscalización sólida y efectiva. Cuarto, la inclusión de minorías y nuevas fuerzas. Quinto, certeza jurídica con reglas claras, estables y previsibles. Esos pilares son la base de la confianza pública y de la estabilidad democrática.

México necesita concentrar sus energías en lo que verdaderamente define su porvenir: seguridad, inversión, empleo formal y un Estado de Derechos que proteja la libertad y la certeza para quienes arriesgan su capital.