Artículo escrito por Leonor Quiroz, Consejera Nacional y Consejera Delegada para la Igualdad e Inclusión.
Twitter: @leonorquiroz
Es indignante que México sea el penúltimo país del continente con menores medidas fiscales para enfrentar los efectos devastadores de la pandemia. México ha invertido menos del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) comparado con Perú, que ha destinado 12%. En este penoso sitio a México sólo lo empeora Bahamas y tal falta de inversión se refleja en mayor muerte de personas por el virus, muerte de trabajos, muerte de empresas, muerte por mayor violencia y muerte por hambre.
Hay más contagios debido a que la población de menores ingresos tiene que salir de sus casas para trabajar y el gobierno no quiere atender la propuesta del ingreso mínimo de subsistencia para hacer posible el aislamiento. Tampoco se han apoyado a las empresas, lo cual ha generado más de un millón de desempleados. La brecha laboral que implica la desocupación y la subocupación reflejará cifras alarmantes al finalizar este año.
Para casos excepcionales, se necesitan remedios excepcionales. Por ello es que no hay que tenerle miedo al endeudamiento de corto plazo para combatir la mortandad que estamos sufriendo como país: 57,000 muertes por el virus; más de un millón de personas con muerte laboral. A esto se suma la muerte de personas enfermas por otras causas distintas a COVID-19, pero que han sido desatendidas; la muerte empresarial, en la que el INEGI reporta que el 91.3% de las empresas sufrieron disminución en sus ingresos en un promedio de 56%; y la muerte causada por la violencia y las previsibles muertes que causará el hambre al estar aumentando esta crisis y sin remedios efectivos para matizar sus efectos.
Estas muertes son un llamado urgente a la acción, más aún cuando los datos del INEGI registran para el segundo trimestre de 2020 una caída del PIB de 18.9% frente al mismo trimestre de 2019, la mayor caída desde que se tiene registro, retrocediendo México al PIB que tenía en 2011 y representando este porcentaje el doble de la caída de la economía de Estados Unidos que fue de 9.5%.
Urge un Pacto Nacional para fortalecer al sector salud, proteger las fuentes de empleo que generan las empresas, reactivar la economía y apoyar directamente a las familias afectadas por el desempleo. Se han presentado propuestas por legisladores, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, especialistas en temas económicos y ex titulares de dependencias financieras que piden lo mismo: atenuar la magnitud del daño con la puesta en marcha de medidas adicionales de política económica y no seguir respondiendo únicamente con la política social, cuyos programas de subsidio no fueron diseñados para enfrentar esta situación de pandemia. Si no se actúa ya, perdemos la oportunidad de mitigar el daño que nos está matando como personas, como trabajadores, como empresas y como país.
Este Pacto Nacional es una responsabilidad colectiva, queremos ver a nuestro Presidente liderándola y para ello este llamado no debe seguirse ignorando.