Artículo escrito por Jaleyna de la Peña Molina, Consejera Nacional Coparmex vía Mundo Ejecutivo
Twitter: @jaleynadelapena
Las pasiones se han desbordado en una batalla sin cuartel por la llamada reforma energética. El Presidente de la República, empeñando buena parte de su capital político, trató de revertir la reforma energética realizada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tal vez, como Santiago Nasar, sin reconocer el presagio. Desde luego, hay argumentos ideológicos y económicos para apoyar o denostar esté intento de reversión de la Constitución. Se pretendía volver al pasado, lo cual, desde la perspectiva de la 4T sería lo ideal, aunque para la oposición resulta claro que sería un error enorme. La oposición se hizo presente y en el Congreso de la Unión la reforma constitucional no pasó; sin embargo, la batalla por las leyes ordinarias continúa en los tribunales. Ante tal debate, resulta probable que la palabra final no sea ni del Presidente, ni de los senadores ni diputados. El fiel de la balanza podría quedar en el Poder Judicial Federal. Como sucede en los sistemas democráticos avanzados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría ser, a final de cuentas, el factor decisivo en esta polémica. En ello queremos enfocarnos. Once Ministros podrían tener a su cargo la decisión final. No es fácil ser juez, separar las cuestiones políticas de las jurídicas suele ser una labor incomprendida. A los abogados nos puede quedar clara la línea que divide a unas de otras, pero en términos generales, la opinión pública juzga las decisiones del Poder Judicial, sin comprender los tecnicismos, y sin advertir que el Estado de Derecho exige que la labor de los jueces esté sustentada solo en la Constitución, y no en la ideología de uno u otro partido político. ¿Qué está sucediendo en la batalla legal por la reforma energética? Hay varios frentes abiertos, y aunque todos podrían terminar invalidando la reforma eléctrica del presidente Lopez Obrador, cada uno tiene sus propios obstáculos y alcances. En forma resumida, podemos decir que los tres principales mecanismos legales para cuestionar esta reforma son: 1) Acción de inconstitucionalidad, 2) Controversias Constitucionales y 3) Juicios de Amparo En las últimas semanas fue motivo de mucha prensa una decisión de la Suprema Corte de Justicia en torno a la reforma eléctrica. Esa sentencia, más que marcar el fin de la discusión judicial, representa en realidad el principio de un debate ante los tribunales. La Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad, herramienta legal creada en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, con la idea de tener un camino para anular leyes inconstitucionales. La decisión reciente de la Corte es confusa para quien no es experto en la materia. Ambos bandos reclaman haber ganado con esta sentencia. Y tal vez ambos tengan la razón. En ocasiones se gana perdiendo, o se pierde ganando. El punto es que una mayoría de siete votos determinó que la reforma eléctrica del presidente Lopez Obrador es inconstitucional. Siete de 11 votaron por anular la reforma. Pero siete no son suficientes, aunque son mayoría. Los tecnicismos cuentan, ya que este tipo de procedimientos exige ocho votos para anular la ley. Así pues, en este primer intento, el presidente Lopez Obrador habría ganando en términos legales, aunque en la votación perdió por mayoría de siete contra cuatro. Como decíamos anteriormente, este es apenas el comienzo. Existen otros caminos para anular la ley, como sería el juicio de amparo. Los amparos de los particulares ya están en curso, y más temprano que tarde llegarán a la Suprema Corte. Y ahí tendrán que volver a votar los ministros. La gran diferencia (hay otras) entre el amparo y la acción de inconstitucionalidad, es que en la sentencia de amparo bastan seis votos para conceder el amparo. Y siete ministros ya manifestaron que están en contra de la reforma. Así las cosas, el pronóstico razonable es que los amparos van a ganarse por los particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil que han emprendido la defensa de sus derechos. Desde luego pudiera suceder que dos ministros de la Suprema Corte de Justicia cambien de opinión, lo cual resulta poco probable. En resumen, la decisión reciente de las Suprema Corte parece una victoria para el presidente López Obrador, pero en realidad es el preludio de una derrota. Parece más bien la crónica de una muerte anunciada.