Para consolidar la democracia: Legalidad Electoral

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Desde que México inició el camino hacia una auténtica democracia, el País ha experimentado varias reformas institucionales tendientes a fortalecer el Estado de Derecho.

En el caso específico de los procesos electorales, estas reformas han implicado cambios profundos en la conformación y facultades de las autoridades electorales. Una constante de esa evolución, ha sido su propósito de incrementar su autonomía, imparcialidad, profesionalismo y la supervisión ciudadana de su labor.

En este tránsito, entre otros, se conformó el Instituto Federal Electoral, con un Consejo Ciudadano; se integró el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y, en años recientes, se nacionalizó y amplió el mandato del IFE, convirtiéndolo en el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, las reformas a los organizadores y árbitros de los procesos electorales parecieran haber sido insuficientes. En cada proceso electoral se revela información que confirma el uso indebido de las instituciones del Estado Mexicano en favorecer a partidos y candidatos.

Múltiples gobiernos de diversa filiación partidista, y de los distintos órdenes de gobierno, han utilizado ilegítimamente a las entidades gubernamentales y sus recursos, como si fueran instrumentos auxiliares de la competencia electoral, en lugar de ser garantes de la legalidad.

El proceso electoral en curso, por sí mismo el más complejo de nuestra historia moderna, no está siendo la excepción en la presencia recurrente de esas prácticas ilegales.

Los casos de corrupción y desvío masivo de recursos públicos, en ocasiones documentados por la Auditoría Superior de la Federación, en otros denunciados por organismos de la sociedad civil, y algunos más identificados y denunciados por los medios de comunicación, parecen apuntar claramente al uso sistematizado del erario, en los distintos órdenes de gobierno, con fines electorales y partidistas.

Pero el desvío de recursos para fines electorales no ha sido la única manifestación aberrante de la captura de las instituciones para fines ajenos a su mandato legal.

Entidades fundamentales del Estado, responsables de la procuración de justicia, la seguridad nacional, la fiscalización tributaria y la inteligencia financiera, están siendo utilizadas de forma inaudita y alejada de estándares, con la finalidad aparente de minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos.

En días recientes, la actuación institucional y apartidista de varias instituciones federales, especialmente la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria, se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos. Hay señalamientos similares en gravedad en los ámbitos locales y municipales, respecto del proceder de autoridades equivalentes en esos órdenes de gobierno.

El extrañamiento al abandono de la ortodoxia institucional, ha sido señalado por un número creciente de organizaciones y activistas sociales, intelectuales, académicos y líderes de opinión, y referido apenas unas horas atrás, al titular del Poder Ejecutivo Federal.

En COPARMEX exigimos a todas las autoridades y los funcionarios públicos, en los distintos órdenes de gobierno, se ajusten a la legalidad y limiten su actuación y uso de recursos públicos, a la función explícita que por ley se les tiene encomendada.

Hacemos un firme llamado al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación que de sospecha, indicio, o evidencia, de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en treinta entidades federativas.

De forma especial, desde COPARMEX exhortamos a los titulares de dichos órdenes de gobierno, es decir, a los Presidentes Municipales, Gobernadores y al Presidente de la República, para que su proceder institucional y conducta personal, así como las de sus colaboradores inmediatos, no deje lugar a dudas de su escrupuloso respeto a la legalidad electoral.

Toda conducta o acción insólita, atípica o desproporcionada de un gobierno o funcionario, que pretenda directa o indirectamente beneficiar o perjudicar a una coalición, partido o candidato, debe ser erradicada por su ilegalidad, afectación a la normalidad democrática, y profundos efectos dañinos en la confianza institucional que trae aparejada.

La credibilidad y confianza institucional, es un ingrediente fundamental de la democracia. La confianza en la justicia, de forma particular, es uno de los pilares que deben sostener todo el andamiaje del Estado de Derecho.

Se ha señalado recientemente la tibia actuación de la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los posibles actos de corrupción en perjuicio del Gobierno Federal, y se multiplican los señalamientos de una acción asimétrica en casos que imputan a candidatos y sus entornos personales y de negocios.

Que la ley se aplique de manera irrestricta. Si hay evidencia de la comisión de un delito, este debe ser investigado, perseguido y sancionado sin distinciones. La ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se afectan los recursos públicos.

Por ello, COPARMEX emplaza de nuevo a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los partidos y coaliciones, y a los legisladores emanados de esas formaciones políticas, para pronunciarse con claridad y actuar sin dilación, para concretar una reforma al artículo 102 de la Constitución General, que garantice que México cuente con una Fiscalía General autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos, con supervisión y controles ciudadanos, en resumen, una #FiscalíaQueSirva a México.

El lamentable contexto electoral y la poca atinada actuación del órgano federal responsable de procurar justicia, otorga hoy más que nunca la razón a las organizaciones y ciudadanos, que desde los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, han venido exigiendo esta transformación del Estado Mexicano.

El camino hacia la consolidación de la democracia ha sido largo y muy arduo. Nadie que quiera a México, puede apostar por su deterioro.

Ahora que está próximo el inicio formal de las campañas lo decimos con claridad: Exigimos un proceso electoral apegado a la legalidad.

Los gobiernos y sus funcionarios, deben dedicarse a cumplir con sus responsabilidades, sin distracciones. Los partidos y candidatos a presentar propuestas: Queremos escuchar de ellos los qué y también los cómo. Y las autoridades electorales, deben garantizar un proceso ordenado, con certeza y transparencia para todos los participantes.

En Coparmex lo reiteramos, fortalecer el Estado de Derecho, es hoy el principal reto de México. Y en este proceso electoral, debemos superar ese gran desafío nacional.