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La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas del país. Desde 2015, los ciudadanos han sido protagonistas de momentos esenciales para la consolidación del sistema anticorrupción, por ejemplo, al nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
En ese proceso se privilegió que los candidatos y a la postre integrantes del órgano, fueran ciudadanos con preparación, experiencia, autonomía y, si bien aún hay grandes pendientes en el combate a la corrupción, el nombramiento de personajes con excelentes credenciales como miembros de este Comité, permite anticipar una gestión trascendente y exitosa.
Lamentablemente en algunos estados de la República, la intención de constituir los Sistemas Locales Anticorrupción (SLAs) en forma robusta se ha abandonado. Muchos de los problemas para su configuración no son siquiera del conocimiento o dominio públicos. Por ejemplo, la cooptación de ciertos integrantes de los Consejos Locales de Participación Ciudadana o, en otros casos, estados donde los nombramientos se han dado de buena fe, pero se observa una clara incapacidad para articular agendas estratégicas de largo plazo.
En contraste, la demanda para combatir la corrupción es cada vez más fuerte. Mientras el 56.7% de los ciudadanos considera que la corrupción es el problema más importante de su entidad federativa, el porcentaje de individuos que han experimentado algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites públicos que realizaron en 2017 fue del 14.6%, superior al porcentaje observado en 2015 que era únicamente del 12.6%.
En ciertos estados, como en Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León, los incrementos en la corrupción son hasta 3 veces mayores que el promedio nacional.
Además, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, nos muestra un panorama sombrío: el 53.6% de los mexicanos percibe que los actos de corrupción son frecuentes en su estado.
En Coparmex consideramos que la omisión en el monitoreo de los procesos de integración y la falta de agendas consistentes en los Sistemas Locales Anticorrupción es preocupante, y se manifiesta como uno de los principales motivos por los cuales la corrupción no ha podido ser atacada de forma eficaz.
La conformación de instituciones para combatir la corrupción no debe ser, como en tantas otras iniciativas ciudadanas, un proceso que se dé a dos velocidades distintas en la federación y en el ámbito de los estados.
La óptima consolidación de los organismos a nivel estatal, debe adquirir mayor visibilidad nacional, si realmente aspiramos a institucionalizar el combate efectivo a la corrupción.
Desde Coparmex hacemos un llamado para dar visibilidad a este tema y convocar a labores de monitoreo de la consolidación de los Sistemas Locales Anticorrupción.
Este monitoreo dará pie a que los nombramientos de los Consejos Locales de Participación Ciudadana se hagan con mayor exigencia y, así se garantice la calidad, autonomía y capacidad de los consejeros que se elijan.
De igual manera, hacemos un llamado para crear una agenda prospectiva mínima para los Sistemas Locales Anticorrupción que contenga: un marco jurídico básico, nombramientos de funcionarios independientes y capacitados, y transparencia y suficiencia en los presupuestos que permitan a los Comités de Participación Ciudadana locales operar adecuadamente.
Algunas dimensiones, para fortalecer la acción de los SLA´s son las siguientes:
- Marco jurídico básico
Con respecto a la implementación de un marco jurídico básico, es imperante formular y aprobar instrumentos específicos como son:
- Reforma a la Constitución local
- Ley Estatal Anticorrupción
- Ley de Responsabilidades Administrativas
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
- Ley Orgánica de la Fiscalía General
- Código Penal Estatal
- Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Al mes de febrero de 2018, solamente 10 entidades han concluido con la adecuación del marco jurídico para la operación eficaz de los Sistemas Locales Anticorrupción.
De los instrumentos jurídicos necesarios para este cambio, los que llevan mayor avance son la Ley Estatal Anticorrupción (solamente hace falta de ser aprobada en Tlaxcala), y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que tiene un avance del 88%.
En la adecuación del marco jurídico para la operación de los Sistemas Locales Anticorrupción, en la Coparmex hemos llevado a cabo acciones para lograr un nivel estandarizado de calidad en todos los estados.
Por un lado, estamos promoviendo que se compartan las mejores prácticas hacia una estandarización de los Sistemas Locales Anticorrupción, así como el diseño de un Semáforo Anticorrupción 2.0.
Además, hemos difundido el libro blanco del Comité de Participación Ciudadana para dar fundamento a una actuación coordinada y eficaz en los procesos de los estados.
Adicionalmente, Coparmex participa en el desarrollo de mecanismos de articulación entre el Comité de Participación Ciudadana Nacional y los Comités de Participación Ciudadana Locales, para definir una agenda anticorrupción de alcance y con objetivos mínimos en el ámbito nacional.
Hacemos un llamado urgente a los congresos estatales, para que den prioridad a la adecuación del marco jurídico, de tal forma que sirva para normar el proceso de manera ágil, eficiente y urgente.
- Nombramientos
Es necesario prestar especial atención a los nombramientos de los funcionarios públicos y los ciudadanos que integrarán los SLA.
A la fecha no se ha avanzado en nombramientos de cargos necesarios para el funcionamiento de los SLA, al tiempo que algunos han resultado en conformaciones cooptadas por el poder político.
La Comisión de Selección, responsable de elegir a los miembros que conforman los Consejos de Participación Ciudadana, no ha sido implementada en el 100% de los estados, y en algunos casos, la conformación no garantiza su imparcialidad y exahustividad de su acción.
En el resto de los cargos, existe una brecha importante para cumplir con la totalidad de los nombramientos: sólo en 21 estados se tiene el nombramiento de los magistrados especializados en la materia, y solo en 20 se cuentan con el Consejo de Participación Ciudadana y Fiscal Anticorrupción. El nombramiento con menor avance es el de Secretario Técnico, realizado hasta ahora solamente en 11 entidades federativas.
Especial reconocimiento merecen los Estados de Campeche, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Puebla, Querétaro y Sonora, estados en los que ya se cuentan con todos los nombramientos estipulados en los Sistemas Locales Anticorrupción.
La calidad de los nombramientos de integrantes es primordial para el funcionamiento eficaz de los Sistemas Locales Anticorrupción. Las instituciones necesitan estar preocupadas y ocupadas por perfiles capaces e independientes para garantizar su correcto funcionamiento.
En Coparmex, en alianza con distintas Organizaciones de la Sociedad Civil y las organizaciones academias estatales, estamos impulsando la participación de los mejores perfiles ciudadanos.
Instamos a las autoridades estatales para que cumplan a la brevedad con el 100% de los nombramientos del Sistema Local Anticorrupción, teniendo en cuenta que el perfil para ocupar estos cargos debe cumplir, primordialmente, con los requisitos de ser ciudadanos de preparación y honestidad probada.
3. Presupuestos
Finalmente, y para lograr que los Sistemas Locales sean un instrumento efectivo para combatir la corrupción, es necesario asignar un presupuesto que corresponda a sus funciones y que sea independiente de negociaciones políticas coyunturales.
La asignación presupuestaria debe ser un tema prioritario para los legisladores locales, en el entendido que sin éste, no hay funcionamiento, ni autonomía posibles. Es preocupante que sólo la mitad de las entidades federativas haya destinado recursos al combate a la corrupción en este rubro.
Los dos estados donde más se ha incrementado la corrupción en trámites públicos en los últimos años, Aguascalientes y San Luis Potosí, son precisamente las entidades donde no se ha asignado un solo peso de presupuesto operativo a sus respectivos Comités de Participación Ciudadana locales.
En Coparmex instamos a que los legisladores locales tengan esto en cuenta y hagan los ajustes correspondientes en sus presupuestos, para asignar los recursos necesarios que requiere una lucha comprometida contra la corrupción.
Estimados amigos,
En los últimos años, la sociedad civil ha promovido avances tangibles en el combate a la corrupción. Tal es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción y su configuración en el plano nacional.
Sin embargo, para emprender un combate efectivo de la corrupción, el ámbito estatal no puede ser olvidado. En varios estados, la problemática es aún más grave, que lo que se reconoce en el propio ámbito federal.
De hecho, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, a nivel nacional existe un mayor porcentaje de empresarios encuestados que considera que hay más corrupción en instituciones estatales que en las federales.
Estados como Aguascalientes, Estado de México y Guerrero, superan por mucho la tasa de incidencia de corrupción en trámites gubernamentales a nivel nacional.
Esta encuesta revela la urgencia de atender la corrupción a nivel estatal. Si queremos lograr la consolidación del combate institucionalizado a la corrupción, debemos hacer efectivas también las acciones locales.
En Coparmex creemos que la sociedad civil ha atinado en destacar la urgencia de atender el combate a la corrupción, por lo que nos hemos dado a la tarea de dar visibilidad a la conformación de los Sistemas Locales Anticorrupción y con ello hacer un llamado urgente a las legislaturas locales para que atiendan esta delicada problemática.
Muchas gracias.