
Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico
El Paquete Económico 2025 ha despertado un intenso debate nacional en torno a las prioridades del país. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla recortes que ponen en riesgo un derecho fundamental: la salud. Como Presidenta Nacional de la Comisión de Salud de COPARMEX, considero indispensable reflexionar sobre el impacto que estas decisiones tendrán en millones de mexicanos.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 19 de las 24 funciones presupuestarias previstas para 2025 sufrirán recortes reales respecto a 2024. Entre ellas, el más preocupante es el de salud, con una disminución de –12.2 % real, equivalente a 81,300 millones de pesos.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha señalado que estos ajustes comprometen la capacidad del sistema para atender a la población, incrementar la cobertura y garantizar medicamentos, insumos y servicios básicos. No se trata de simples porcentajes: detrás de ellos hay familias que enfrentan enfermedades sin diagnósticos, tratamientos suspendidos y una mayor desigualdad en el acceso a la salud.
La salud no puede ser un rubro de ajuste
La salud no puede reducirse a una variable fiscal. Un sistema debilitado genera efectos en cadena: mayor pobreza, menor productividad y pérdida de confianza social. Invertir en salud es invertir en el desarrollo del país.
Los recortes ponen en riesgo los avances logrados en cobertura y calidad, y limitan la posibilidad de responder a emergencias sanitarias o de atender enfermedades crónicas que hoy afectan a millones de mexicanos.
Una visión de corresponsabilidad
Desde la iniciativa privada entendemos que la salud es un pilar de la competitividad y del bienestar social. Por ello, es momento de sumar esfuerzos en una agenda de corresponsabilidad:
- Colaboración multisectorial: promover alianzas entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para maximizar el uso de los recursos disponibles.
- Eficiencia y equidad en el gasto: redistribuir con justicia los recursos de salud, priorizando a las entidades con mayores rezagos.
- Transparencia y vigilancia ciudadana: asegurar que cada peso destinado a la salud se traduzca en servicios, medicamentos y atención efectiva.
Un llamado necesario
● Al Gobierno y a los legisladores: que coloquen la salud y la vida de las personas en el centro de las decisiones presupuestarias.
● A la iniciativa privada: que asuma un rol activo en la promoción de programas de prevención, bienestar y corresponsabilidad social.
● A la sociedad civil: que acompañe el debate presupuestal, exija rendición de cuentas y participe en la construcción de un sistema más justo.
Conclusión
La discusión sobre el presupuesto no debe quedarse en balances contables. Está en juego la salud de millones de personas y el futuro del país. Hoy no es momento de recortes por indiferencia, sino de visión y responsabilidad compartida.
Solo a través de la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil podremos construir un México más justo, saludable y competitivo.