Competitividad con equidad: la ruta para un México más fuerte.

Artículo de opinión escrito por Luisa Estela León Marín, Presidenta del Comité de Inclusión de Mujeres de Coparmex | Vía: @heraldodemexico

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En México, el motor económico son las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales representan el eje fundamental de la actividad productiva y del empleo en el país. Estas unidades económicas generan el 52% de los ingresos nacionales y el 68.4% de los empleos, siendo, por tanto, las principales generadoras de bienestar y oportunidades en las comunidades. Sin embargo, lamentablemente, son también las más afectadas por lo aprobado en el paquete económico para el año 2026, el cual contempla una serie de medidas fiscales y administrativas que impactarán de manera directa su desarrollo, capacidad de operación y competitividad en los mercados.

Entre las disposiciones más relevantes que contiene dicho paquete económico se encuentra el incremento en las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las ventas en línea. Si bien estas medidas buscan fortalecer la recaudación y la formalización del comercio digital, en la práctica representan una afectación importante para las empresas de menor tamaño. Este aumento en las retenciones provocará una reducción inmediata en la liquidez de las MiPyMEs, dificultando su capacidad para cubrir gastos operativos, nóminas, insumos y servicios. En consecuencia, muchas de ellas se verán obligadas a trasladar estos costos al consumidor final, incrementando los precios de sus productos o servicios para poder compensar las nuevas cargas fiscales.

Adicionalmente, la implementación de dichas medidas conlleva un aumento significativo en la carga administrativa. Las empresas deberán destinar más tiempo y recursos a los procesos de cumplimiento fiscal, lo que implica no solo un esfuerzo económico, sino también la necesidad de capacitación especializada del personal. A esto se suma el desafío de la modernización tecnológica, que exige la adopción de nuevas plataformas y sistemas digitales para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades. Para muchas MiPyMEs, esta adaptación tecnológica representa un reto considerable, ya que carecen de la infraestructura, el capital o el conocimiento técnico necesario para hacerlo de manera inmediata y eficiente.

Todo ello limita, sin duda, el potencial de las MiPyMEs para impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenido. En lugar de fortalecer el ecosistema emprendedor y fomentar la formalidad, las medidas propuestas podrían generar un efecto contrario: la reducción de la competitividad, el cierre de negocios y una posible pérdida de empleos, especialmente en regiones donde estas empresas son el principal motor de desarrollo. Por ello, resulta indispensable replantear estrategias que promuevan la estabilidad y el fortalecimiento de las MiPyMEs, reconociendo su papel fundamental en el equilibrio económico y social del país.

Por otra parte, es necesario destacar el papel de las mujeres en la economía mexicana, cuya participación ha mostrado un crecimiento constante durante la última década. Para el año 2024, la participación femenina en la fuerza laboral alcanzó el 46%, cifra que, aunque representa un avance significativo, continúa siendo baja en comparación con el promedio de los países miembros de la OCDE, donde asciende al 67%. Este dato evidencia que aún persisten brechas estructurales que limitan las oportunidades económicas y laborales de las mujeres en México.

Resulta especialmente relevante que dos terceras partes de las mujeres económicamente activas se encuentren actualmente en la economía informal. Este sector, caracterizado por la falta de seguridad social, los salarios bajos y la ausencia de prestaciones, coloca a millones de mujeres en una situación de alta vulnerabilidad económica y social. Además, esta realidad profundiza la desigualdad de género al restringir el acceso de las mujeres a mecanismos de protección, financiamiento y desarrollo profesional, perpetuando así un círculo de precariedad que afecta directamente a las familias y al tejido social del país.

Aunado a ello, el nuevo paquete económico para el ejercicio 2026 contempla la fusión de diversos programas específicos dirigidos a las mujeres en un esquema más generalizado, lo cual diluye la atención especializada que se había construido en los últimos años. Por ejemplo, los refugios para mujeres víctimas de violencia, en lugar de mantenerse como programas independientes con atención integral, pasarán a formar parte de un programa genérico de prevención, reduciendo con ello la efectividad de las acciones y los recursos destinados a la protección de las mujeres en situación de riesgo. Asimismo, el presupuesto destinado a la Secretaría de la Mujer en temas de igualdad sustantiva ha sido reducido, lo que impactará de manera negativa los esfuerzos para disminuir la brecha de género, promover la inclusión y erradicar la violencia.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) exhortamos al Gobierno de México a invertir decididamente en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo para las MiPyMEs, convencidos de que estas acciones permitirán fortalecer su competitividad y garantizar que el crecimiento económico alcance a todos los sectores y regiones del país. La estabilidad y prosperidad de México dependen en gran medida de la fortaleza de estas empresas, de su capacidad para innovar, generar empleo y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

De igual forma, hacemos un llamado para reforzar y establecer políticas públicas que otorguen mayores oportunidades económicas, de salud, capacitación y seguridad a las mujeres, quienes representan el 51.7% de la población total del país. Reconocer su papel en el desarrollo nacional no solo es un acto de justicia social, sino una estrategia inteligente para potenciar la productividad, la equidad y el bienestar de toda la nación. Un México más competitivo y más justo solo será posible si se impulsan las capacidades de las mujeres y se fortalece el tejido empresarial que sostiene nuestra economía.