Contrapesos y legalidad.

Artículo escrito por: Domingo Ruiz López, Consejero Nacional Coparmex, vía El Financiero.

Quien Preside el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe ser una persona experimentada y se debe asegurar la especialización de las funciones de quien juzga.

Nos perfilamos al cierre del año 2022, me refiero al año natural o calendario, el año que ya cerró es el del Poder Legislativo, donde existieron debates importantes sobre todo en el último tramo, relacionado con democracia, elecciones y Estado de Derecho, traducidos en la reforma que se pretendía al INE, el plan B Electoral, y no tan visible pero sí muy importante, una pretendida reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Los debates mencionados tienen que ver con instituciones del Estado Mexicano que cumplen una importante función de equilibrio y contrapeso, en el caso del INE al organizar las elecciones, y en el caso del TFJA al controlar la legalidad de distintas dependencias del gobierno federal, como el SAT para los asuntos fiscales, pero también temas ambientales, comercio exterior, propiedad intelectual y más recientemente responsabilidades de servidores públicos; cada vez que un acto de autoridad se emite sin respetar la Ley, el Tribunal puede anularlo.

De ahí la importancia del TFJA, una arena en la que puede contender cualquier ciudadano frente a los actos del gobierno, con igualdad de armas, lo que imperará en todos los casos es el derecho, la razón, la legalidad, de manera que sin importar la autoridad, la cantidad de dinero que esté en litigio (por ejemplo, una liquidación millonaria de impuestos, pero ilegal), o las personas, de manera imparcial el Tribunal decidirá en favor de quien tenga la razón de acuerdo al derecho, y solo al derecho; las dádivas, la corrupción, las influencias, son prácticas que están alejadas de la vida cotidiana del tribunal, los ciudadanos podemos confiar en su actuación en términos generales.

Este tribunal tan importante, pretende ser reformado en un procedimiento que iba a ser fast track y que por fortuna imperó la cordura, la reforma a su Ley fue aprobada en la cámara de diputados y no avanzó en senadores más allá del dictamen en comisiones. Se requiere un análisis profundo. Entre las muchas reformas, hay algunas que preocupan especialmente: el procedimiento de designación de la persona que presida el Tribunal, los requisitos para ser magistrado, y el derecho de los magistrados en funciones a la continuidad.

Quien Preside el Tribunal, debe ser una persona experimentada, pero además orgánicamente se debe asegurar la especialización de las funciones de quien juzga, la propuesta contempla que una persona de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas asuma la presidencia, lo que tendría como consecuencia que un magistrado experto en asuntos fiscales y administrativos fuera asignado a juzgar servidores públicos, y cuando quien ocupe la presidencia concluya su función tomar una sala en materia fiscal y administrativa, lo que tendría como resultado a personas juzgando materias que no son de su especialidad, problema que se complicaría al integrar la junta de gobierno donde podrían incluso no cubrirse salas; lo anterior solo por mencionar el problema técnico, adicionalmente por muchos se venía señalando un problema de hecho, donde parecería que la reforma tenía dedicatoria para que una persona en particular asumiera la presidencia.

El segundo problema es el de los requisitos para ser magistrado, donde ahora sería necesario contar con menor antigüedad titulado, y menor experiencia profesional además de dar preminencia al Presidente de la República para designarlos: barrera de acceso intercambiada por control en las designaciones.

Este problema se agrava con uno tercero, donde las personas que actualmente desempeñan el cargo de magistrados no pueden optar por ser ratificados para un periodo más, como actualmente marca la Ley, lo cual además de perder experiencia en el tribunal y la oportunidad de premiar el buen desempeño, representa una flagrante violación a los derechos humanos de las personas que hoy ocupan una magistratura.

Por ello es que se ha hablado de la intención de crear un tribunal a modo, espero se trate de un grave error.

Es necesario para fortalecer el Estado de Derecho, contar con un Tribunal de Justicia Administrativa cuyos servidores pueda actuar con independencia y autonomía, sin la injerencia de ningún poder, menos aún del poder que revisan y pueden validar o anular sus actos. La sociedad requiere una justicia de calidad y para ello son necesarias instituciones cuyo diseño aseguren contrapesos. Esperamos un tribunal con calidad técnica que garantice legalidad al ciudadano. #OpiniónCoparmex.