Coordinadores estatales: ¿Eficiencia vs Centralismo?

Autor: Juan Manuel Hernandez Niebla

La propuesta del Presidente electo de eliminar delegaciones federales en los estados, nombrando un solo coordinador estatal que absorba las funciones, ha generado controversia.

En teoría este coordinador federal absorbería todas las facultades técnicas, administrativas y políticas de los actuales delegados, convirtiéndose de facto en la autoridad rectora de la aplicación e implementación de recursos federales, en algunos casos por encima o en funciones duales de gobernadores y alcaldes.

Cansados y hartos de la corrupción, y los pobres resultados de las administraciones actuales, existen quienes aplauden esta iniciativa.

Sin embargo, aquellos que tienen noción de administración pública, se encuentran preocupados por las implicaciones que esta medida pueda representar para la eficiencia gubernamental y la autonomía que estados y municipios deben tener.

Indudablemente existen grandes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia del gobierno federal en cada estado y municipio del país. Existen actualmente delegaciones federales que no tienen razón de ser ni existir.

Existen también delegaciones federales que son altamente disputadas por considerarse una “mina de oro” para el delegado que tiene la “fortuna” de ser asignado a ellas, generando fortunas personales por aplicar un criterio diferente al que marca la ley o por alentar procesos.

Necesitamos gobiernos estatales y municipales fuertes. Por su proximidad, estos son los que están más capacitados para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Centralizar estas funciones solo generará más lentitud y burocratismo.

Consecuentemente, existen acciones que se deben evaluar previo a concentrar facultades:

Primero, se deben elaborar mapas de procesos de todas las responsabilidades y trámites que lleva a cabo cada dependencia federal, eliminando todas aquellas acciones, trámites y autorizaciones que no generan valor agregado al bien común.

Segundo, se debe retomar el proceso de reforma regulatoria del gobierno federal, pendiente desde hace muchos sexenios, buscando simplificar procesos y transparentando tramites a través de plataformas digitales que actualmente inhiben la inversión, cuestan tiempo y dinero, y dan pauta para la corrupción.

Si el objetivo es mejorar y transparentar el manejo de los recursos, más que la concentración del poder en una persona de las confianzas del Presidente en turno, se debe fortalecer las instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Consejo de Fiscalización, y el Instituto de Acceso a la Información Publica.

Se deben fortalecer las instituciones haciéndolas autónomas e independientes, no focalizando responsabilidades en una persona dependiente del ejecutivo.

Una vez logrado esto, bienvenida la eliminación de todas las delegaciones federales que no coadyuven al bienestar y la prosperidad de todos los mexicanos.