Coparmex alerta por alzas al Impuesto sobre Nómina y nuevos gravámenes en distintos estados del país.

• Los impuestos estatales afectan a MiPyMEs y reducen la creación de empleo.
• Al menos en 16 estados se observan presiones fiscales adicionales, ya sea por incrementos al Impuesto Sobre Nómina (ISN) o por nuevos gravámenes.
• En Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Nuevo León se registran modificaciones directas al ISN, mientras que Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán presentan otros ajustes e impuestos locales sin cambios en la tasa del ISN.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que los incrementos a impuestos estatales —en particular al Impuesto Sobre Nómina (ISN)— están debilitando la competitividad regional y frenando el crecimiento de las MiPyMEs, así como el de las Empresas medianas y grandes que operan en mercados altamente competitivos, donde la carga fiscal podría determinar decisiones de inversión entre estados e incluso frente a otros países.

Ningún estado debería avanzar hacia nuevos gravámenes sin antes garantizar transparencia, eficiencia del gasto e inversión en necesidades estratégicas e infraestructura que impacten directamente en la competitividad y en el bienestar de la región, además de un entorno que brinde seguridad, energía suficiente y certeza jurídica para que las Empresas inviertan y sostengan empleos dignos y formales.

Estos incrementos se están discutiendo y aprobando en el marco de los Paquetes Fiscales 2026 de las entidades federativas, donde se han presentado iniciativas para elevar el Impuesto Sobre Nómina y otros gravámenes locales ya existentes, así como para crear nuevas contribuciones que inciden directamente en la operación de las MiPyMEs y en la creación de empleo formal.

En los últimos años, las entidades federativas han enfrentado una presión financiera creciente originada por recortes en las transferencias federales y por el aumento de nuevas responsabilidades que antes pertenecían a la Federación. Esta combinación de menores recursos y mayores obligaciones ha llevado a los Gobiernos Estatales a buscar fuentes adicionales de recaudación, principalmente mediante la creación de nuevos gravámenes o el aumento de impuestos locales.

A partir del sondeo realizado entre nuestros 71 Centros Empresariales, con presencia en 32 entidades, identificamos que, a la fecha, se han presentado 31 Paquetes Económicos Estatales, de los cuales varios contemplan aumentos o creación de impuestos.

En materia de Impuesto Sobre Nómina (ISN), se detectan incrementos directos en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán, con ajustes que van de 2% a 3% o de 3% a 4%, lo que implica un aumento considerable en la carga sobre el empleo formal. Además, el Centro Empresarial de Sinaloa ha advertido que, en Ahome, el predial puede incrementarse de 2.5% hasta 4% según el valor del inmueble, elevando también la carga municipal sobre las Empresas.

Por su parte, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz no modifican su tasa del ISN, pero sí registran otros gravámenes o ajustes relevantes, como nuevos derechos, incrementos al predial, contribuciones sectoriales o mayores cargas administrativas. En el caso de Quintana Roo, el Estado mantiene sin cambios el ISN, aunque enfrenta nuevas obligaciones regulatorias y derechos como el VISITAX, que inciden en la operación del sector turístico y empresarial.

Identificamos un patrón que se repite: mayores gravámenes sin una evaluación previa sobre la eficiencia del gasto público ni una ruta clara de impacto económico. Lo observamos en distintos Paquetes Fiscales estatales y municipales, donde se replican propuestas de alza al Impuesto Sobre Nómina, al predial y a diversos derechos locales, sin que exista una evaluación integral de su efecto en la competitividad, la inversión y el empleo formal.

En los estados mencionados, el Impuesto Sobre Nómina ha sido el principal foco de incrementos o iniciativas. Este gravamen incide directamente en la contratación formal y en la capacidad de las Empresas para sostener su planta laboral. Lo observamos especialmente en Nuevo León, donde estudios de diversos Organismos Empresariales muestran que un aumento del ISN afectaría al 94.2% de las MiPyMEs, generando un incremento promedio del 6.6% en sus costos, lo que forzaría a casi la mitad a elevar precios, detener inversiones o reducir contrataciones. Cualquier alza en este impuesto encarece el empleo formal y limita oportunidades para miles de jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral.

Ante un contexto internacional marcado por mayores aranceles, incrementos en insumos, competencia global agresiva y presiones regulatorias, imponer más impuestos sin una visión estratégica profundiza los retos en productividad, movilidad social y estabilidad regional.

Asimismo, las Empresas también han enfrentado en los últimos años una creciente fiscalización y carga administrativa, además de absorber costos que no forman parte directa de su giro, como seguridad, salud, transporte e infraestructura básica. A ello se suman costos burocráticos derivados de trámites y regulaciones que limitan la competitividad y la capacidad de expansión empresarial. En este contexto, el incremento al salario mínimo se incorpora como un costo más dentro de la estructura laboral. Un ajuste que, aunque necesario y positivo para el desarrollo de los Trabajadores, implica para las MiPyMEs y grandes Empresas la necesidad de adaptar sus márgenes y productividad para sostener dicho compromiso.

Desde el sector productivo reiteramos que incrementar impuestos sin consensos técnicos ni procesos de consulta afecta no solo a las Empresas, sino al sustento de millones de familias. El empleo formal es la vía más efectiva para fortalecer el ingreso, garantizar acceso a vivienda, salud y retiro digno, y reducir la exposición de la ciudadanía a los grupos que operan bajo la ley. Cuando la formalidad se encarece, muchos negocios no resisten y se ven forzados a moverse a la informalidad, donde Gobierno, Empresas y Trabajadores pierden por igual.

Resulta indispensable que los Gobiernos Estatales garanticen primero eficiencia administrativa, transparencia verificable y disciplina en el gasto antes de impulsar nuevos impuestos o incrementos a los existentes. En varios estados, como lo han señalado organizaciones civiles, aún no se cumplen estándares de Datos Abiertos ni se explican con claridad los proyectos a los que se destinan los recursos. La discusión del Paquete Fiscal 2026 no es un tema aislado de un estado o un municipio: es una tendencia que se repite en diversas entidades y ayuntamientos con un mismo riesgo común: encarecer el empleo formal y restar atractivo a México frente a regiones que compiten por inversiones nacionales y extranjeras.

Hacemos un llamado firme y constructivo a los congresos estatales para que las discusiones fiscales de este año prioricen la competitividad regional y la capacidad de las Empresas para invertir, innovar y generar empleos dignos bajo un entorno de seguridad, energía suficiente y certeza jurídica. Veintisiete de las treinta y dos entidades mantienen tasas de ISN iguales o menores al 3%. Colocar a cualquier estado por encima de ese umbral lo deja en desventaja frente a otras regiones que compiten por atraer inversiones nacionales y extranjeras en el marco del T-MEC y el proceso de relocalización de cadenas de suministro.

Solicitamos que los presupuestos estatales privilegien servicios públicos de calidad, infraestructura de largo plazo y proyectos estratégicos con impacto directo en el bienestar y la productividad. También pedimos incrementar más la base de contribuyentes y asegurar plena transparencia en su uso antes de cargar nuevas obligaciones sobre quienes generan empleo formal.

En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con las MiPyMEs —el corazón de la economía mexicana— y con la construcción de un entorno que impulse la inversión, fortalezca el empleo formal y consolide el Estado de Derechos. Proteger la competitividad no es una postura empresarial: es un compromiso con las familias, con la estabilidad económica del país y con el México mejor que queremos construir juntos.