De la observación a la acción

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía:@Forbes_Mexico.

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Hace unos meses, cuando el Congreso aprobó la reforma constitucional que transformó la forma en que se elige a quienes imparten justicia en México, supimos que estábamos entrando en un terreno nuevo, complejo y, sin duda, riesgoso.

Desde entonces, muchas personas y organizaciones nos planteamos una pregunta urgente: ¿cómo se vigila una elección cuando lo que está en juego no es un cargo legislativo ni una alcaldía, sino la integridad misma de nuestro sistema de justicia? No hay respuestas fáciles para esa pregunta, pero sí hay acciones posibles.

Desde febrero de 2024, algunos sectores de la sociedad civil comenzamos a construir una respuesta. En mi caso, me sumé al esfuerzo impulsado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), no sólo como Vicepresidenta de Desarrollo Democrático, sino como ciudadana comprometida con la democracia. La iniciativa combinó análisis jurídico, foros públicos, la presentación del amicus curiae y, finalmente, una red nacional de observación electoral.

Observar fue el primer paso para comprender. Lo hicimos sabiendo que ninguna elección judicial había tenido lugar antes en nuestro país, y que esta reforma tenía implicaciones de largo alcance. La observación se convirtió en una herramienta no sólo técnica, sino profundamente política, en el mejor sentido de la palabra: una forma de cuidar el interés público desde la ciudadanía.

Diseñamos una plataforma llamada Visor Electoral, nos registramos ante el INE y desplegamos observadores en todo el país en coordinación con los 71 Centros Empresariales que conforman la Confederación.

Lo que está en disputa no es únicamente quiénes ocupan los cargos judiciales, sino cómo se accede a ellos y qué papel juega la ciudadanía en ese proceso. La independencia del Poder Judicial —uno de los pilares de cualquier democracia constitucional— puede verse comprometida cuando las reglas del juego priorizan la popularidad sobre la preparación, o cuando los mecanismos de selección carecen de transparencia, deliberación técnica o participación sustantiva de la sociedad.

La reforma que propuso el gobierno, que tenía por objeto ciudadanizar y limpiar de corrupción al Poder Judicial, terminó siendo capturada por el partido en el gobierno, sujeta a intereses particulares, con poca transparencia y múltiples irregularidades. En suma, todos estos elementos son los componentes para un Poder Judicial corruptible.

Estas no son preocupaciones abstractas. Las vimos reflejadas en cada etapa del proceso: desde la integración de los comités de evaluación hasta la falta de información pública sobre los perfiles y los mecanismos que definieron las candidaturas. Observamos también un uso extendido de instrumentos como la “tómbola” —es decir, la asignación aleatoria de candidaturas— que, lejos de fortalecer la confianza, profundizaron la incertidumbre.

Cuando la justicia se pone en juego, no hay margen para la improvisación. La forma en que se designan los jueces no puede ser tratada con la misma lógica que una contienda partidista. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que comenzó a ocurrir. Como ciudadana, me preocupa que este experimento electoral termine debilitando los contrapesos institucionales en lugar de robustecerlos.

Hay otra dimensión crítica: la captura del Poder Judicial. Cuando la elección de personas juzgadoras queda sujeta a la capacidad de movilización de actores políticos, existe el riesgo real de que quienes acceden a estos cargos no lo hagan por sus méritos ni por su compromiso con la Constitución, sino por su cercanía a quienes detentan el poder. Ese escenario es incompatible con la noción de justicia imparcial y representa una amenaza latente para las libertades y derechos de todos.

Finalmente, está el efecto cultural. Si normalizamos que jueces y ministros dependan del aplauso, de las encuestas o de la propaganda, habremos erosionado la esencia misma del Poder Judicial: su deber de decidir conforme a derecho, incluso cuando eso signifique ir contracorriente. Un juez popular no siempre es un juez justo. Un juez independiente casi nunca es popular. La justicia no necesita likes; necesita garantías, tiempo y reglas claras.

Lo vivido hasta ahora debe ser el inicio de una conversación más amplia. No basta con haber observado: ahora toca discutir, proponer, corregir. El informe de observación, que se presentará próximamente por COPARMEX, ofrecerá datos y análisis clave. Pero desde ya podemos afirmar que esta experiencia deja lecciones urgentes para el rediseño del modelo judicial.

Tenemos la responsabilidad de alzar la voz. No para defender privilegios, sino para proteger principios. La justicia no se elige al azar. Y un país que no cuida la forma en que nombra a sus jueces, tarde o temprano se enfrenta a un espejo que refleja impunidad, arbitrariedad o sometimiento.

Hoy más que nunca, observar es un acto de esperanza. Y callar… simplemente no es una opción. #OpiniónCoparmex