Desarrollo social en México.

Artículo de Opinión escrito por Fernando Sánchez Argomedo | Presidente de la Comisión Nacional de Innovación de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X: @fsargomedo

De acuerdo con la medición oficial de pobreza multidimensional del INEGI, la población en situación de pobreza en México se ubica en 29.6 por ciento, lo que equivale a 38.5 millones de personas.

Si bien se reconoce una reducción de la pobreza por ingresos, impulsada principalmente por los ajustes al salario mínimo y, en menor medida, por la entrega directa de programas sociales, un análisis riguroso de la evidencia revela cuellos de botella estructurales preocupantes.

El deterioro en el acceso a los derechos sociales básicos pone de manifiesto brechas críticas para la sostenibilidad del desarrollo del país. Por ejemplo, la carencia por acceso a los servicios de salud afecta hoy a 44.5 millones de personas, lo que representa 34.2 por ciento de la población y un incremento considerable frente a los 18.8 millones registrados en 2016.

A ello se suma que la falta de acceso a la seguridad social continúa siendo la carencia más extendida, al afectar a 48.2 por ciento de la población, mientras que el rezago educativo impacta a 24.2 millones de personas. Esta realidad se agrava al considerar la profunda disparidad regional: entidades como Nuevo León registran una pobreza multidimensional de 10.6 por ciento, mientras que estados como Chiapas y Guerrero superan el 58 por ciento.

El asistencialismo alivia la coyuntura inmediata, pero resulta insuficiente para generar movilidad social intergeneracional. La verdadera superación de la pobreza requiere empleo formal de calidad, productividad e inversión constante. Actualmente, la informalidad laboral abarca a cerca de 54 por ciento de la fuerza de trabajo, lo que condena a millones de familias a la incertidumbre económica y las mantiene al margen de los sistemas de pensiones y de protección de la salud.

Sin un ecosistema institucional que favorezca la inversión privada, el Estado de derecho y la capacitación técnica, las transferencias gubernamentales corren el riesgo de convertirse en un paliativo permanente que no atienda las causas estructurales de la marginación. Las transferencias monetarias compensan la pérdida de ingresos en el corto plazo, pero sólo el empleo formal, la educación de calidad y el acceso efectivo a la salud generan condiciones duraderas de equidad.

El sector empresarial no es un espectador, sino uno de los principales motores del desarrollo. El desarrollo social no se decreta por la vía legislativa ni se resuelve de manera unidireccional; se construye todos los días desde las empresas, mediante la creación de valor compartido. Frente a este panorama, la iniciativa privada propone impulsar una agenda nacional sustentada en tres frentes estratégicos:

En primer lugar, es prioritario consolidar la Nueva Cultura Salarial, basada en un salario para una vida digna, garantizando que el ingreso en el sector formal no sólo supere la línea de pobreza individual, sino que también permita el bienestar integral de las familias.

En segundo lugar, se requiere acelerar la coinversión en capital humano mediante alianzas público-privadas que vinculen la formación técnica con la demanda real del mercado laboral.

Finalmente, resulta urgente diseñar una estrategia nacional de formalización que reduzca las cargas regulatorias para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su transición hacia esquemas productivos con acceso pleno a la seguridad social.

La inclusión social no constituye una meta filantrópica ni una agenda secundaria; es un imperativo para fortalecer la competitividad y la estabilidad del país.

Desde Coparmex reiteramos nuestra disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en la construcción de un gran pacto nacional orientado a impulsar la productividad, el empleo formal y una justicia social sostenible.