Dos Amicus Curiae vs. Plan B

Artículo de opinión escrito por: José Medina Mora | Presidente Nacional de Coparmex | Vía: Reforma.

Twitter: @JoseMedinaMora

El Plan B en materia electoral representa un retroceso para nuestra democracia, el sistema electoral y sus instituciones pilares como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Este cambio legislativo, cuya implementación ya estaba generando afectaciones (ahora está temporalmente suspendido), implica, entre otras cosas, la disminución de funciones y capacidades del INE para desarrollar sus procesos de registro y resguardo de la información de electores, la fiscalización de los recursos públicos utilizados por los partidos políticos y candidatos, así como en la organización del proceso electoral de 2024, uno de los más imp0rtantes para la historia del país porque se elegirá a un nuevo Presidente de la República, se renovará el Congreso federal, 30 congresos estatales, nueve gubernaturas y cientos de presidencias municipales.

La definición entre su implementación y su suspensión definitiva se encuentra en manos de las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en quienes confiamos que están analizando a fondo el contenido de las reformas que forman parte del Plan B y que, de encontrarla inconstitucional, no permitirán que se ponga en marcha.

Al respecto, consideramos que la Corte requiere de todos los insumos posibles para tomar su decisión, y es fundamental que los ciudadanos nos involucremos en el tema. Por ello, desde Coparmex, en conjunto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) presentamos dos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que refieren las afectaciones que generaría el permitir la implementación de las reformas en materia electoral conocidas como el “Plan B” publicadas el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023.

Los amicus curiae aportan desde una perspectiva jurídica-ciudadana, argumentos técnicos y opiniones jurídicas sólidas para que puedan ser considerados por las y los Ministros de la Corte en el arduo proceso de análisis y deliberación que harán para dictar su resolución sobre los distintos recursos que al momento se han presentado y que buscan declarar la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión.

Entre los argumentos en los amicus curiae presentados se encuentran las violaciones que implica el Plan B a la autonomía constitucional, pues la reforma contempla decisiones que corresponden solo al Consejo General del INE y no al Congreso. Además, se abordan las razones por las que la elección del 2024 está en riesgo con la ejecución de estos cambios.

Otro de los aspectos referidos tiene que ver con el voto de mexicanos en el extranjero, cuyos cambios debilitarían el control y la veracidad de las listas nominales, al cambiar la gestión de la información del INE al Poder Ejecutivo, considerar el uso de pasaporte en lugar de credencial de elector, y no establecer mecanismos de control y legitimidad.

Además, se menciona que el Plan B también vulnera el derecho humano a la protección de datos personales considerado en la Constitución, y lo hace en diversos sentidos, entre ellos al contemplar que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) se instalen en bienes de dominio público, poniendo en riesgo la confidencialidad y seguridad de los datos personales; una razón más tiene que ver con la vulnerabilidad en la integración del Padrón Electoral, al comprometer la estructura y recursos y restarle control al Instituto.

Y no omitimos mencionar que el proceso de aprobación de estos cambios legislativos fue antidemocrático y evadió el correcto proceso legislativo.

Sin duda, es fundamental resolver la inconstitucionalidad de las reformas en materia electoral para evitar que continúen las afectaciones al INE, a los derechos electorales y a la democracia mexicana.

Desde Coparmex, la ANADE y el INCAM respaldamos a la Suprema Corte y confiamos en que podrá demostrar la inconstitucionalidad de las reformas y hacer que sus efectos se suspendan de manera definitiva.

Los ciudadanos seguiremos defendiendo a la democracia, participando con recursos como los “amicus curiae”.